La recompensa de $330.000 ofrecida por el Gobierno por el crimen de Ariel, supera el tope de $200.000 fijados para otros resonantes hechos delictivos aún impunes, como los asesinatos de la abogada Ana Gómez y su hija Natalí Verdú (2002), el del exhockista Alejandro Rodríguez (2007), el del docente de la UNSJ Oscar Atencio (2002) y la desaparición del ingeniero Raúl Tellechea (2004).