La pareja que contó en los medios que había seguido las instrucciones de un abogado para adoptar a un bebé que seis meses después de tenerlo la Justicia le ordenó que entregara para posteriormente vincularlo a otra familia, está bajo una nueva lupa judicial, por la investigación del supuesto delito de supresión de identidad del niño.
Por el mismo motivo por el que el titular del Tercer Juzgado de Familia, Esteban de la Torre, determinó que el bebé no debía seguir estando junto a María Rosana Páez y Daniel Martínez, al determinar que no habían hecho el recorrido legal de adopción, es que podrían afrontar una nueva causa, ahora en el fuero penal. La fiscal de instrucción Ana Lía Herrera presentó anteayer el pedido al juez del 4to de Instrucción, Martín Heredia, la solicitud de fijar una fecha de audiencia para tener el testimonio de la pareja.
El pasado lunes el juez de la Torre ordenó la investigación del supuesto delito, al constatar que, entre otras cosas, fue la pareja la que se puso en contacto con la embarazada durante su sexto mes de gestación, a través de un tercero, y desde ahí -sin que se conocieran previamente- asumió todos los costos de atención médica del embarazo y también del parto, que fue por cesárea en una clínica privada. Además, la pareja pagó por dos habitaciones (una para la madre biológica y otra para ellos) y presenció el momento del nacimiento, aún sin ser parientes directos. Hasta la ligadura de trompas que pidió la parturienta fue abonada por la pareja. Para cumplir con normas del sanatorio, fue la madre biológica quien salió con el recién nacido del edificio cuando recibió el alta médica y acto seguido lo entregó a la pareja, que no tenía en ese momento ningún aval judicial para llevarse al recién nacido.
La clínica podría también ser investigada, ya que en el fallo quedó asentado que tanto el médico del parto y su equipo estaban informados que Páez y Martínez se quedarían con el bebé.
En la última reforma del Código Civil quedó expresamente prohibido las "guardas de hecho", es decir las que no cuentan con un aval judicial, con el fin de evitar el tráfico de niños.
En este caso, la nueva investigación surge por la sospecha de un pago indirecto para "comprar" al recién nacido.
Páez y Martínez decidieron contar su versión en los medios hace 3 semanas. María Rosana aseguró a DIARIO DE CUYO que "nosotros quisimos hacer todo legalmente. El abogado nos dijo que lo recibiéramos y que después de nacido hacíamos los trámites de adopción. Recibimos a nuestro bebito el día en que nació, 1 de septiembre de 2017, y le pusimos el apellido de su madre biológica, ya que se hizo su documento como debe ser. Lo trajimos a casa y cuando cumplió los 45 días, como nos dijo el abogado, fuimos a su estudio a ver qué pasos debíamos seguir para adoptarlo".
Según la mujer, el abogado les indicó que presentaran el pedido de adopción en noviembre y que no hicieran otro trámite.
La jueza del Primero de Familia, María Estela Tejada de Vega, fue quien denegó el pedido porque no cumplían requisitos indispensables para el proceso. La pareja no estaba inscripta en el Registro Unico de Adoptantes y el niño no estaba en situación de adoptabilidad. Y ordenó que se investigara la razón por la que la pareja criaba a ese niño, sin un aval judicial, tarea que recayó en el Juzgado que encabeza De la Torre. El 14 de marzo, Páez debió entregar al niño que hoy se encuentra en el seno de otra familia, que ya está transitando la última etapa del proceso de adopción definitiva.
Páez detalló lo doloroso que fue ese día: "Yo, como loca, llamé al abogado, que me dijo que escondiera al niño o se lo entregara a la madre biológica y no me atendió más. Yo no sabía por qué, no entendía nada. Nos llevaron al hogar y ahí me arrancaron a mi hijo de los brazos".
De la Torre, en tanto, aseguró que la gente tiene que saber que la única forma legal de comenzar un proceso de adopción es ir a inscribirse al Registro Unico de Adopción y estar a la espera que lo llame alguna autoridad judicial, porque un niño lo necesita.
"Es entendible la necesidad de ser mamá o papá de la gente pero quien no hace el proceso legal está priorizándose a él y no al niño. Y recurre a practicas prohibidas para satisfacer una necesidad propia, más allá que pueda ser una buena mamá o un buen papá posteriormente".
Teo, un antecedente con otro desenlace
Los sanjuaninos Sofía Muñoz y Sebastián Mercado (foto) fueron los protagonistas de un hecho que conmocionó a la opinión pública en 2012 y que se lo recuerda como el "caso Teo".
La pareja criaba a un niño de origen salteño, cuando un juez de aquella provincia ordenó el arresto de la pareja en julio de aquel año, luego que la madre biológica del niño declarara que los sanjuaninos le habían pagado por llevarse al niño.
Un mes estuvieron demorados, acusados de tráfico de niños, aunque ellos aseguraban que todos los trámites los habían hecho en San Juan.
La causa cambió su rumbo porque la madre biológica renunció a la patria potestad y el juez le dio la guarda provisoria del niño a la pareja, que se encontró con un recibimiento multitudinario cuando regresó a la provincia, en un contexto legal que hoy no es el mismo debido a cambios en el Código Civil.
Adopción legal: de 18 meses a indefinido
Desde el momento que alguien decide iniciar trámites de adopción, en el actual marco legal, se expondrá a un proceso que tendrá una duración mínima completa estimada en un año y medio y que no le asegura un deseado "final feliz".
El primer paso consiste en inscribirse en el Registro Unico de Adopción (RUA), que en San Juan funciona bajo la órbita de la Secretaría Social del Poder Judicial. Cumplir con la documentación requerida demanda en promedio de 6 a 12 meses.
La siguiente etapa es de una duración absolutamente indefinida. Consiste en que un juez consulta a un postulante si quiere contactarse con niño o adolescente en situación de adoptabilidad. Aparece un cuello de botella porque un promedio del 80% de los postulantes pretenden adoptar a niños menores de 3 años, mientras que el 80% de los menores en situación de adoptabilidad tiene más de 12 años. Así, hay casos de personas que dejaron de actualizar su legajo (que debe hacerse cada 12 meses) porque ya se cansaron de esperar un llamado, en el otro extremo una mujer que un viernes contó con el "aprobado" en el RUA y el lunes estaba siendo entrevistada para iniciar un vínculo. La razón, quería adoptar a un menor que tenga más de 12 años de edad.
Este periodo dura hasta 6 meses, siempre y cuando ya esté resuelto que la familia biológica no tenga más derechos de reclamos. Al concluir este periodo la guarda ya no es provisoria y comienza el último período, el de la adopción definitiva. Habrá nuevamente una evaluación del gabinete técnico del Juzgado para confirmar que el niño se encuentra en un ambiente saludable y, si no surgen nuevas indicaciones, durará otros seis meses. Si bien para los aspirantes a adopción el desgaste emocional en el tiempo transcurrido puede ser más que significativo, los jueces aclaran que su prioridad es exclusivamente otra. Buscan familias para los niños y no niños para las familias.
Los que quieren adoptar
130 Son las carpetas que en este momento están vigentes de personas en San Juan que quieren adoptar a un menor y están a la espera de un llamado para comenzar un proceso de vinculación.
Quieren ser adoptados
26 Son los menores que en este momento se encuentran bajo el cuidado de la Dirección de la Niñez, del Poder Ejecutivo, a la espera de un adulto que quiera vincularse.