La decisión de la jueza Marta Covella de no casar a parejas del mismo sexo fue criticada por la comunidad homosexual de La Pampa que remarcó que por encima de sus convicciones religiosas la jueza debe cumplir con sus funciones y anunciaron que denunciarán por incumplimiento de deberes de funcionario público si se niega a casar a una pareja del mismo sexo.
Por su parte, la juventud radical de General Pico formalizó una denuncia ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) de La Pampa ya que “las palabras de la jueza constituyen la suficiente prueba de discriminación homofóbica”, destaca la presentación.
Alejandro Lanús, director general de registros civiles de la ciudad de Buenos Aires consideró que “quien no cumpla con su función tendrá que renunciar. En unos días, cuando se cumplan los pasos formales de la ley, casar a una pareja (sea o no del mismo sexo) será una función pública más del registro civil”.
“Toda pareja que desee anotarse para acceder al matrimonio en cualquier registro civil porteño recibirá una fecha condicional, hasta la entrada en vigencia de la ley”, explicó Lanús.
Lanús explicó que después de la aprobación de una ley, el poder legislativo debe girar la norma al Poder Ejecutivo para su promulgación, y estimó que pasarán entre 15 y 20 días para que empiece a regir.
En la provincia de La Pampa los jueces de paz duran cuatro años en sus funciones y son elegidos por la gente en los mismos comicios en los cuales resultan electos los intendentes, pero dependen del Poder Judicial provincial.
