La Corte Suprema de Justicia declaró ayer inaplicables varios artículos de tres leyes de la reforma judicial que aprobó el Congreso en el marco de la llamada ‘democratización de la Justicia‘ que impulsó el Gobierno. A través de tres acordadas, y por unanimidad de los siete jueces, La Corte impugnó las leyes sobre la declaración jurada de bienes de los jueces, el ingreso al Poder Judicial y la publicación de sentencias de los tribunales.
Respecto de las declaraciones juradas, la Corte sostuvo que la nueva obligación de que los jueces deben presentarla en la Oficina Anticorrupción ‘constituye una violación de la independencia de poderes‘. Para la Corte ‘no resulta admisible que las declaraciones de aquellos pertenecientes al Poder Judicial sean controladas por funcionarios de la Administración Pública‘. En otra de las cuestiones, la Corte señaló que la Constitución fija que es la propia Corte la que designa a sus empleados.