Sobre el municipio de Jáchal pesaba un juicio laboral de hace 6 años que, según los cálculos, alcanzaba los 8 millones de pesos. Pero tras la negociación entre el intendente Jorge Barifusa y los empleados municipales que hicieron las demandas, se llegó a un acuerdo de pago y el monto a distribuir entre 131 trabajadores será de 1,2 millones de pesos, más 200 mil en honorarios para los abogados, según informó el jefe comunal. El ahorro de casi 6,5 millones de pesos representa un oxígeno a futuro para las arcas municipales, ya que ese valor es equivalente a 5 meses de fondos provenientes de la coparticipación provincial y al pago durante 10 meses de toda la grilla salarial.

Según destacó Barifusa, el acuerdo fue firmado por todos los trabajadores que iniciaron el juicio, que cobrarán, en promedio, unos 10 mil pesos. El convenio fue aprobado la semana pasada por el Concejo Deliberante y ya ha sido enviado al Juzgado de Jáchal para su homologación. Una vez que reciba el ‘OK‘ de la Justicia, el Intendente dijo que depositará inmediatamente el dinero para cerrar definitivamente el trámite. Para hacerle frente al total de la deuda pactada (1,4 millones de pesos), la comuna recibió una ayuda extra del Gobierno provincial, cercana al 30 por ciento, mientras que el resto saldrá de las cuentas municipales a través de la recaudación por los derechos de construcción de toda obra, fondo que está alimentado principalmente por los aportes que genera el proyecto Gualcamayo.

El origen de la deuda data de 2002, año en el que Franklin Sánchez fue designado como interventor de Jáchal por el gobernador Alfredo Avelín, durante la crisis social que atravesaba el departamento. Según explicó Barifusa, en 2002, su antecesor firmó con la planta permanente del Municipio un convenio colectivo de trabajo que estableció que el sueldo básico de los empleados sería equivalente al 10 por ciento del básico del intendente o al salario mínimo vital y móvil, y que ante esas 2 alternativas, se aplicaría la que fuera más beneficiosa para los trabajadores. Pero ese enganche quedaría congelado hasta tanto el intendente no se aumentara el sueldo. Recién en 2005, con Sánchez electo al frente del Ejecutivo municipal, se dispuso un incremento salarial para la planta política y automáticamente se disparó la adecuación para los municipales, en base al mínimo vital y móvil que fija la Nación. Sin embargo, la comuna no implementó el incremento establecido en el convenio y en 2006 los trabajadores demandaron al municipio, según remarcó el actual jefe comunal.

Durante 6 años, el salario mínimo, vital y móvil se fue actualizando y el monto de la deuda creció hasta llegar a los 8 millones de pesos, según los cálculos que hicieron los peritos en sede judicial. Frente a semejante cifra, los asesores del municipio se sentaron a negociar con los empleados y se puso sobre el tapete la disponibilidad de recursos del municipio para hacerle frente a la deuda y la posibilidad de que el juicio en instancia judicial se extendiera en el tiempo debido a la pelea que iba a entablar el Ejecutivo, resaltó Barifusa. De esa forma se llegó a un acuerdo que cancela las obligaciones y los municipales estarían cobrando el resarcimiento a partir de la próxima semana.