El juez federal Leopoldo Rago Gallo empezó a intervenir en el caso de la villa Las Moritas en enero de 2008, cuando la empresa administradora del Ferrocarril Belgrano Cargas presentó una denuncia contra los vecinos que usurparon el terreno que está en Caucete, que pertenece al Estado nacional. El fiscal pidió una medida cautelar en febrero de ese año para que las cuatro familias que vivían en el lugar fueran desalojadas. Pero al ser una medida delicada, porque los usurpadores se quedan sin techo y en la calle, el magistrado se tomó más de un año para investigar.
La orden de desalojo es para las cuatro familias que están desde el principio y fue notificada con 45 días de anticipación, para que tengan tiempo de buscarse un lugar. Y, según adelantaron fuentes calificadas, es inminente una orden similar para las otras 66 familias, que también tendrán un plazo de 45 días para irse.
Hasta el momento, una mujer que es vecina del asentamiento ha sido procesada por el delito de usurpación, que contempla penas que van de 6 meses a 3 años de prisión. La investigación sigue y es compleja: el juez quiere comprobar si hubo dolo o no en la usurpación y determinar si las familias recibieron ayuda o un estímulo para instalarse y seguir viviendo en el lugar.
Antecedente
No es la primera vez que la firma SOESA opta por ir a la Justicia para que sean liberados terrenos del ferrocarril en San Juan. Presentó una denuncia por la usurpación de los puesteros de Bermejo, también en el departamento Caucete, y finalmente recuperó las tierras.
Los usurpadores habían levantado sin autorización puestos de venta de adobe para comercializar sus productos y algunos, los menos, habían levantado ranchos para vivir sobre las vías del tren, frente a la Iglesia de esa localidad.
Bajo los mismos argumentos que en la causa de Las Moritas, el juez Leopoldo Rago Gallo ordenó el desalojo de los usurpadores. A raíz de la buena voluntad que mostraron los puesteros, la Justicia Federal respondió a un pedido de la comunidad de Bermejo, esperó a que pasaran las fiestas patronales y la medida de desocupación de los terrenos fiscales se llevó a cabo en la última semana de abril.
En el Juzgado federal reconocieron ayer que la medida se ejecutó sin inconvenientes. Para el intendente Juan Elizondo es un antecedente importante y a tener en cuenta para que la empresa SOESA acceda voluntariamente a esperar unos días más para desmontar Las Moritas. “Creo que van a entender que queremos solucionar el problema”, aseguró el funcionario.
