El 13 de septiembre del año pasado se produjo el derrame de poco más de un millón de litros de solución cianurada. Tras las denuncias, el juez de Jáchal, Pablo Oritja, dispuso la suspensión de las actividades, la cual se extendió por nueve días, hasta el 24 de ese mes. En el medio, el magistrado había prorrogado el freno que había impuesto porque el perito que había designado había señalado que faltaban obras de mejoras.
Para levantar el parate, la empresa Barrick debió cumplir con una serie de normas de seguridad, como recubrir con mallas de calefacción las válvulas ubicadas sobre las cañerías que transportan solución cianurada. La fuga se produjo porque uno de esos elementos se rompió debido a que se congeló por las bajas temperaturas. La compañía además hizo mejoras en la zona del canal del norte, por donde se fugó el líquido hacia los ríos.