Concluyeron los dirigentes que reducir los recursos humanos en el INTA significa menor presencia en el territorio nacional. Y por ende, productores y familias en las economías regionales con una asistencia técnica menor. Según los dirigentes Cuesta y Romero, el presupuesto proyectado por el INTA para todo el año 2017 era inicialmente de $6.250 millones, y con la reducción acordada con el Ministerio de Agroindustria, se bajó a $5.600 millones. Además de proyectos de investigación demorados o postergados, con riesgo de pérdida de inversiones realizadas durante años. Compromisos con empresas para el desarrollo de productos de alta tecnología por no poder cumplir con los acuerdos. Menor mantenimiento de edificios y equipamiento de alta tecnología. Reducción de las partidas para Higiene, Seguridad laboral y Bioseguridad. Menores recursos para mantener en funcionamiento bancos de germoplasma, radares meteorológicos y laboratorios de referencia internacionales en enfermedades y plagas. Retraso en investigaciones estratégicas. La inmovilización del sistema de extensión institucional y la asistencia técnica a los productores. Imposibilidad de cumplimiento de acuerdos nacionales e internacionales en proyectos de importancia como cambio climático, biotecnología, sanidad animal y terapéutica vegetal. Obras de laboratorios y edilicias en todo el país demoradas o suspendidas. Obsolescencia en equipamiento de alta complejidad. Imposibilidad de actualizar la obsoleta flota de vehículos de trabajo y transporte de personal.
