Luego de que el Gobierno decidiera que la formación de los uniformados quedara en manos de la Universidad Católica de Cuyo, la Escuela de Policía perdió su razón de ser. Así, los 38 docentes que la integraban dejaron de cumplir funciones y primero recibieron una licencia extraordinaria con goce de haberes. Pero a partir de septiembre de 2013, el Ejecutivo decidió darles de baja y no los indemnizó ni los reubicó en ningún otro lugar. Fue así que un grupo de profesores (tanto civiles como policías) iniciaron reclamos por vía administrativa. Tras esos planteos, el área legal del Gobierno decidió indemnizar sólo a los docentes civiles. En cuanto a los uniformados retirados que daban clases, entendió que como se encontraban jubilados, no se afectó su estabilidad como empleados al darles de baja sino que se concretó el cese de una función accesoria. De todas formas, los abogados de este sector señalaron que recurrirán a la Justicia.
