Además de pedir condenas contra aquellos que violaron el aislamiento social y obligatorio, los fiscales comenzaron ayer con las embestidas al fijar montos para que los imputados se hagan cargo de parte del proceso judicial que desencadenaron al infringir la medida adoptada para evitar la propagación del coronavirus. Así, tras los planteos de los agentes del Ministerio Público, los jueces de Flagrancia aplicaron sanciones que incluyeron el pago de las llamadas costas del proceso en cinco casos, las que fueron de 1.000 a 15.000 pesos. La más elevada fue contra Andrés Icazati, el empresario que incumplió la cuarentena tras su regreso de un viaje a México. Su castigo, que dictó el juez Carlos Lima tras una solicitud del fiscal Iván Grassi, incluyó una pena de 8 meses de prisión en suspenso, la realización de tareas comunitarias en el municipio de Rivadavia y el cumplimiento de pautas de conductas. El pago más bajo fue para Franco Guerra, un joven de menos recursos, quien infringió el aislamiento y al que la Policía le secuestró un arma, la cual no se encontraba apta para disparar, por lo que también recibió una pena condicional de 8 meses.
En el procedimiento de Flagrancia, el enjuiciamiento exprés para personas que son detenidas mientras cometen un delito, se vienen juzgando a los infractores del aislamiento que dispuso la Nación y la cuarentena que impuso la provincia ante casos sospechosos de Covid-19, luego de que la Cámara de Diputados le otorgara esa facultad, a instancias del Ejecutivo. Desde el 20 de marzo a ayer, por Flagrancia ya pasaron 198 imputados, de los cuales, 130 recibieron castigos en suspenso y 15 de cumplimiento efectivo. El balance judicial refleja que hubo 21 personas sobreseídas y 19 enfrentarán el juicio en próximas audiencias, mientras que ocho casos se encuentran en distintas etapas.
Las penas han girado mayoritariamente entre los 6 y 8 meses, mientras que la más alta ha sido de 3 años y 6 meses contra un joven que, además de violar el aislamiento, cometió un robo. Este medio había dado a conocer que los fiscales le iban a pedir a los jueces que, además, les impusieran costas a los acusados y que, tras una decisión del fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani, la Policía les retuviera los vehículos (en el caso de que fueran detenidos a bordo de ellos) como garantía de pago de parte del proceso judicial. Los agentes del Ministerio Público empezaron con los planteos el miércoles, pero sin especificar montos, dado que tal determinación iba a quedar en manos de la jueza de Ejecución Penal. Pero desde ayer comenzaron a solicitar sumas concretas, que los jueces aplicaron en su mayoría. En ese marco, a un imputado le impusieron costas por 1.000 pesos, a dos les aplicaron 5.000 pesos, otro 8.000 pesos y 15.000 pesos a Icazati. Este último, además de su condena, deberá cumplir tareas en el municipio de Rivadavia por dos meses, tres veces al mes por tres horas cada día. Y deberá cumplir pautas de conducta como no volver a cometer un hecho delictivo y no tomar alcohol ni consumir estupefacientes.