Tras nueve horas ininterrumpidas, la de ayer fue la jornada más larga del juicio que se está llevando a cabo para determinar la responsabilidad de 48 imputados por haber participado de una fiesta VIP en Santa Lucía. Tras la prolongada audiencia, que se estiró por los continuos planteos hechos por las defensas para acceder a la suspensión de juicio a prueba o probation, el Ministerio Público Fiscal reiteró su negativa de otorgar el beneficio, por lo que, sin esa conformidad, los protagonistas enfrentarán la etapa definitiva, en la que los acusadores pedirán que sean condenados por haber infringido el artículo 205 del Código Penal al "violar las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia". El juez de Flagrancia, Eduardo Raed, dispuso un cuarto intermedio para mañana a las 8, en el que se espera que dé a conocer su resolución sobre el pedido de las defensas, aunque es un hecho que tomará la posición de Fiscalía, dado que, de acuerdo a la normativa, no puede ir en otro sentido. Así, deberá fijar la audiencia final, la de debate, la que se prevé para la semana que viene.
Ante la negativa de los fiscales, que fue anticipada oportunamente por DIARIO DE CUYO, los defensores hicieron reserva para acudir a una instancia superior para revertir esa posición, esto es, ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal y la Corte de Justicia. Esa definición es clave, ya que sus defendidos pueden pasar de recibir una condena de hasta dos años de prisión en suspenso a no tener un castigo si cumplen con realizar tareas comunitarias por un tiempo determinado y otorgar un resarcimiento simbólico, características principales de la probation.
La jornada de ayer tuvo momentos caldeados. Luego de los respectivos planteos para que los imputados accedan a la probation y que los representantes del Ministerio Público, Iván Grassi y Claudia Salica, se manifestaran en contra, los defensores solicitaron que dicha posición sea revisada por el fiscal superior, tal cual lo habilita el Código Procesal Penal de la provincia. Dicha tarea la asumió Adrián Riveros, quien, junto a Grassi, tiene el cargo de fiscal Coordinador. Ese rol fue cuestionado por los abogados de los acusados, ya que indicaron que, si ambos fiscales tienen el mismo cargo, uno no puede ser el superior del otro. La queja fue aclarada por Riveros al indicar que, en el caso particular de esta causa, Grassi está subrogando la fiscalía de Flagrancia y él lleva adelante la coordinación. Con ese punto zanjado, el fiscal se mostró de acuerdo en no conceder el beneficio de la suspensión de juicio a prueba, postura que deberá ser acatada por el magistrado.
El principal fundamento que utilizó Riveros para apoyar a Grassi y Salica fue que "el Ministerio Público Fiscal es quien tiene a cargo la acción penal. Por lo cual, tiene la facultad de suspender esa acción penal" cuando lo crea conveniente. En este caso, explicó que la Fiscalía no prestará acuerdo para una probation cuando "esté en juego el interés general de la sociedad. Esto es, cuando se ponga en peligro la vida y la integridad física de las personas". Cabe recordar que, con el regreso de la Fase 1, a partir del 22 agosto, el fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani, resolvió limitar el otorgamiento de la suspensión de juicio a prueba para todos aquellos nuevos infractores que, con su acción, faciliten la propagación el virus. La medida sigue vigente.
Postura de los abogados
Leonardo Villalba fue el abogado que tuvo ayer más participación. Su postura de favorecer a los imputados con probation fue apoyada por el resto de sus pares. Entre dichos letrados se encontraban Guillermo Toranzo y Gustavo Idemi, Fernando Echegaray, Leonardo Vila, Filomena Noriega, Manuela Moreno Ferrer, Alejandro Miquelarena y Hugo Uzair.
Participación virtual
El fiscal coordinador de Flagrancia, Adrián Riveros, fue convocado para dialogar con los abogados defensores. Si bien hubo posiciones encontradas entre las partes, el diálogo se dio manteniendo el respeto. Su intervención en el juicio demandó más de tres horas. Fue luego de que los fiscales Iván Grassi y Claudia Salica se opusieran a otorgar la probation.