Un grupo de vecinos de Angaco prendió la mecha del conflicto con el municipio del departamento, luego de la entrega de 100 viviendas del IPV hace unos 5 meses, y todo explotó recién ayer. La gente salió a reclamar porque no está conforme con el modo en que entregaron las casas. Es que el intendente Víctor Fernández, los concejales y el diputado departamental son los que eligieron, a dedo, a los adjudicatarios. Y si bien hay una ordenanza municipal que ampara este método de elección, que consiste en asignar un cupo para repartir casas del IPV a quien cada uno crea conveniente, lo que más enojó a los vecinos es que entre los adjudicatarios hay parientes directos de los funcionarios angaqueros.
Precisamente una de las personas beneficiarias de una vivienda resultó ser la hija de la concejal oficialista Hilda Alaniz. "El intendente me dijo que pasara una lista con nombres de gente que necesitaba casa, porque me iban a dar tres. Anoté a mi hija porque ella necesitaba una vivienda. Pero en Angaco siempre se dieron las casas así, no veo nada de irregular en la situación", dijo la concejal.
Por su lado, Fernández dijo que "cada funcionario es dueño de entregar las casas a quien quiera". Y si bien en el departamento corre la versión de que otros dos concejales también entregaron viviendas a familiares directos suyos, esto no pudo ser comprobado por este diario, aunque tampoco fue desmentido por el intendente.
Esto movió el avispero ayer mismo incluso en otros municipios. Es que es totalmente legal que el IPV designe un cupo a los departamentos y que éstos los usen cada uno a su criterio, pero seis intendentes consultados por este diario dijeron tener un método distinto al de Angaco: no se reparten las casas entre ellos para entregarlas después, sino que se hace un relevamiento social a cargo del municipio. Tan así, que tras tomar estado público el caso de Angaco, ahora en Caucete y Calingasta decidieron abrir el paraguas antes de tiempo para evitar suspicacias, y dijeron que para el próximo reparto de viviendas del IPV, directamente harán un sorteo, como se hace a nivel provincial. Y en algunos de los municipios reconocieron, fuera de grabador, un cierto malestar con las declaraciones hechas por Víctor Fernández.
Mientras tanto, los vecinos angaqueros piden que desde el Gobierno provincial les envíen asistentes sociales para que vean en qué situación viven y que en las próximas entregas sean considerados. "No tuvieron en cuenta las necesidades. Cada concejal y hasta el diputado le dieron casa a sus allegados o conocidos", dijo Daniela Comerio, que se encuentra inscripta en el IPV desde hace 6 años, tiene 4 hijos y una hermana discapacitada y vive en una pieza que armó en la cocina de la casa de sus padres.
A todo esto, Fernández dijo que la metodología que usan para repartir las casas no es nueva y que los vecinos recién ahora salieron a quejarse porque no fueron beneficiarios. "Del total de casas que nos da el IPV, la dividimos en tres partes iguales entre el intendente, los concejales y el diputado departamental. Cada uno decide a quién se la entrega", ratificó el funcionario.
Consultado por este diario, Vicente Marrelli, titular del IPV, avaló el método angaquero. Dijo que cada municipio de afuera del Gran San Juan decide cómo adjudicar las viviendas y que el único requisito que exigen desde esa repartición provincial es que los beneficiarios estén inscriptos en el IPV.
Sin embargo, en departamentos como Albardón, Calingasta, Iglesia, 9 de Julio, San Martín y Caucete, según dijeron ayer sus intendentes, no se reparten cupos entre los funcionarios, sino que se guían por determinados índices, como tener discapacitados en el núcleo familiar, ser familias muy numerosas o vivir en construcciones extremadamente precarias.
"Es cierto que siempre queda alguien disconforme, pero somos rigurosos en la selección. Para ello las asistentes sociales del municipio realizan un estudio exhaustivo de cada caso", ejemplificó Cristina López de Abarca, intendenta de Albardón. Mientras que Robert Garcés, intendente de Calingasta, dijo que la metodología de selección del adjudicatario tiene que ver con la necesidad de la gente, para lo que se elabora un relevamiento oficial de prioridades.
Después de desatado el escándalo en Angaco, al menos dos comunas implementarán el sistema de sorteo para las próximas entregas, tal es el caso de Calingasta y Caucete. "En el departamento todavía no se entregan casas del IPV, pero cuando esto suceda lo haremos a través de sorteos, para que sea más transparente", dijo Juan Elizondo, intendente de Caucete, donde ya está asignado un cupo de 400 viviendas.
Según Marrelli, el IPV otorga entre 100 y 150 viviendas a cada departamento de afuera del Gran San Juan (adentro no, porque ahí van a parar casi todos los barrios nuevos), con excepción de Caucete, donde tienen planificado entregar unas 400 con la próxima tanda. "Este cupo no es fijo, va dependiendo de las necesidades que nos plantean y no es irregular que cada intendente elija cómo entregarlas", insistió el funcionario.