Faltante de alguna baranda, ausencia de plano de obra, altura incorrecta de los inodoros o ausencia de pisos antideslizantes en un determinado sector son algunas de las faltas más comunes que encuentra el personal del Ministerio de Salud en sus inspecciones a geriátricos. Las denominadas fallas estructurales son las más comunes que se desprenden de los controles y que obligan a las instituciones a ponerse en regla, según informó la Dirección de Regulación y Control de Gestión del Ministerio de Salud de la provincia, el organismo encargado de esta supervisión. En la provincia funcionan 25 geriátricos, de los cuales 15 están habilitados y los 10 restantes (el 40%) se encuentran fuera de regla, aunque en proceso de habilitación hasta justamente subsanar las faltas detectadas. De todos modos, siguen funcionando, aclararon en Salud Pública. Los datos surgen luego de que el viernes pasado ganara estado público el caso de una mujer que se encontraba en una residencia para ancianos y que debió ser internada en el Marcial Quiroga por un cuadro bronco-respiratorio grave, deshidratación y escaras, según denunció la familia (ver aparte).

"Los geriátricos deben renovar su habilitación cada 2 ó 5 años, dependiendo los casos, pero nosotros realizamos inspecciones frecuentemente. Los controles se realizan con un equipo interdisciplinario, porque además de los especialistas de salud, asiste personal de Planeamiento, Bomberos, municipal y de Ambiente. Las faltas más comunes pasan por algún problema en cuanto al edificio, mientras que en segundo lugar se encuentra la cantidad de personal afectado, que está regulado por ley, y en tercer puesto el hecho de que no siempre las instituciones tienen las historias clínicas completas, es decir, que contemplen el trabajo integral no sólo de los médicos, sino también de un nutricionista o un trabajador social’, dijo Walter Antuña, director de Regulación y Control de Gestión.

Según Antuña, en San Juan hay 15 geriátricos habilitados y 10 en proceso de conseguir esa habilitación, es decir, que técnicamente no están en regla. "Estos últimos 10 siguen funcionando y no siempre implica que trabajen mal sino que por ejemplo esperan la habilitación hasta tanto presenten un plano final de obra. Sin embargo, a los fines técnicos esperan por la habilitación ya sea inicial o de renovación’, explicó Antuña.

"Cuando en una familia deciden enviar un anciano a un geriátrico, deben recorrer el lugar, ver las condiciones del edificio, la higiene y consultar sobre los recursos humanos, pero principalmente tienen que solicitar la habilitación de Salud Pública’, expresó Antuña.

Si en las inspecciones detectan algunas fallas, se activa un proceso largo que puede terminar en la clausura del local. Es que las autoridades notifican a los geriátricos para que regularicen la situación y les dan un plazo determinado. Si tras ese plazo la falta persiste, los vuelven a notificar por última vez. Si tras el segundo control no fue solucionado el inconveniente, entonces las instituciones incurren en infracción. En ese caso, se eleva un acta a un Juzgado de Faltas y el juez, en su rango de acción, puede incluso ordenar una clausura preventiva. Esto quiere decir que el local sancionado puede seguir funcionando hasta tanto todas las personas internadas sean reubicadas en otros lugares.