Las energías renovables y particularmente la fotovoltaica fueron un tema que acaparó ayer buena parte del primer foro de propuestas de la mesa de Obras, en el marco del Acuerdo San Juan. Pozos de agua, bicis, motos y casas pueden funcionar con el sol. Pero además, para muchos empresarios es la solución para crear empleo, atraer inversión a mediano y largo plazo y motorizar la economía provincial que sobrevendrá a la pandemia. Además, al ser energías limpias, son compatibles con la agricultura y el medio ambiente. Pero se reclama que la provincia reglamente la ley nacional que regula su uso.
Pablo Gambeta, desde al empresa INAR; y Lucas Costa, de Lumager Energía, plantearon la necesidad de que la provincia reglamente la ley 27.424 de Generación Distribuida para Inyectar Excedentes a la Red. Esta ley permite a cualquier ciudadano o empresa instalar paneles solares para consumo propio y vender el resto a la red de distribución, algo que según dijeron ya se puso en marcha en algunas provincias. ""Hay muchas empresas interesadas en invertir en esto y la distribución puede generar muchos puestos de trabajo. Necesitamos su aplicación para que se pueda lograr aplicar el procedimiento", dijo Gambeta, quien además pidió que el Estado provincial implemente líneas de financiación e incentivos fiscales que faciliten la inversión. Cuando habló Costa se plegó a lo expuesto por su antecesor, y aseguró que las energías renovables y particularmente su implementación en la distribución, ""serán el motor que impulse el desarrollo de la economía y generarán impacto social y ambiental". El ministro de Obras Públicas, Julio Ortiz Andino, quien presidió esta mesa sectorial, admitió que la falta de reglamentación es una asignatura pendiente y explicó que la demora se debe ""a un problema" técnico con el Ente Provincial Regulador de la Electricidad, respecto a si se debe autorizar a usar medidores dobles o simples, para las entradas y salidas de la energía que se consume y la que excedente que se inyecta a la red. José Luis Alonso, de la empresa Sieye, se sumó al debate y propuso que la provincia piense en incentivos para aplicar la energía solar a las bombas de extracción de agua subterránea, para que puedan desarrollarse mejor los emprendimientos agrícolas, más aún en épocas de sequía. Marcelo Molina, director del Instituto de Energía Eléctrica de la UNSJ, aportó como propuesta a este gran acuerdo para que la provincia recupere sus niveles de crecimiento, que el gobierno fomente la reconversión del parque de bicicletas y motos de la provincia a la energía fotovoltaica (electromovilidad). Justamente el instituto cuenta con una zona de carga de motovehículos con energía solar en su predio y dijo que es muy fácil reconvertir una bici o moto con un kit de conversión. Daniel Greco, desde la transportista Distrocuyo, planteó además insistir en su aprovechamiento en las casas del IPV, donde la provincia ya hizo avances construyendo barrios con calefones solares. Al respecto, el titular del IPV, Marcelo Yornet, dudó que se pueda seguir con esa apuesta: ""Es una inversión muy grande, y a la hora de hacer una vivienda social, repercute en la cuota", señaló. No obstante, dijo que en el futuro se tendrá que plantear capacitar a los vecinos que reciban casas con ese equipamiento para que puedan solucionar los inconvenientes al usarlos. El vicepresidente del Colegio de Arquitectos, Emilio Lloveras, destacó la construcción del edificio Anchipurac, como modelo en el uso eficiente de energías renovables, y aprovechó para plantear a las autoridades hacer concursos para las obras públicas, y tener bancos de proyectos para licitar.
Más propuestas
Arquitectos e ingenieros de diversas cámaras coincidieron en que hay que actualizar el Código de Edificación de la provincia que tiene 60 años -algo que Ortiz Andino dijo que se hará-, y bajar las cargas de tributos, aranceles y tasas provinciales y municipales. El desarrollador Sabino Pignatari propuso crear un Registro Provincial de Constructores privados para frenar la proliferación de empresas ilegales y obras subrepticias. Julián Rhins (CAC) propuso incentivar nuevos proyectos mineros, pero con una mayor participación de empresas locales.