El 21 de diciembre de 1988, el tristemente célebre vuelo 103 de la compañía Pan Am partía del aeropuerto de Frankfurt y, tras hacer escala en Londres, volaba rumbo a Nueva York con 259 personas a bordo. De repente, 38 minutos después de dejar la capital británica, una explosión partió el avión por la parte delantera. Separado de cola y su cabina, el resto del aparato voló dos pavorosos minutos antes de estrellarse sobre Lockerbie.

Antes de tocar tierra, el vuelo 103 desparramó chatarra, equipajes y cadáveres por un área de cientos de kilómetros cuadrados. Murieron los 259 pasajeros y 11 de los habitantes del pueblo escocés que recibió el grueso del impacto.

Inmediatamente, una comisión de investigación empezó a analizar el siniestro y pronto estableció que el accidente se había debido a una bomba. Más tarde se sabría que, efectivamente, unos 400 gramos de explosivo plástico escondido en un radiocasette fueron los causantes de la tragedia. La radio iba en una maleta que estalló justo debajo de la cabina del avión y produjo su fractura.

Tres años y 15.000 interrogatorios más tarde del atentado, la CIA, el FBI y Scotland Yard llegaron a la conclusión de que tras la bomba estaban agentes secretos libios. Se interpusieron denuncias contra dos sospechosos, Lamen Khalifa, Abdel Basset Al Megrahi -liberado ayer-, pero Libia se negó a entregarlos.

Libia, gobernada por el carismático Muamar Al-Gaddafi, considerado un país terrorista había promovido varios atentados contra objetivos occidentales, sobre todo estadounidenses. Esta beligerancia había llevado a los gobiernos de Ronald Reagan y Margaret Thatcher a bombardear Trípoli y Bengasi en 1986.

Los atentados de Lockerbie, agravarían las malas relaciones entre Libia y Occidente y, desde 1991, se le impusieron a Gaddafi sanciones económicas que estarían en vigor hasta 2003.

Para lograr el levantamiento de las sanciones, Libia tendría que pasar por los pasos de entregar a los acusados y reconocer su ´responsabilidad civil´ en los hechos.

Sus malas relaciones con el Reino Unido habían hecho que Gaddafi se negara a entregar a los terroristas, pero la presión de las sanciones le hizo ceder y en 1999 llevó a los dos acusados a Holanda para se juzgados en suelo neutral.

Pero el caso Lockerbie no se cerró con los juicios. Libia siguió padeciendo las sanciones de la ONU, del Reino Unido y EEUU hasta que, en 2003, decidió asumir la responsabilidad subsidiaria de los atentados, puesto que el acusado principal era agente de su Gobierno.

En un principio, Libia se comprometió a aceptar sólo la “responsabilidad civil” y a pagar 2.700 millones de dólares en concepto de indemnización. Sin embargo, seguía asegurando que no ordenó el atentado.