La última gran polémica por los ascensos se produjo a fines de diciembre del año pasado. La Corte de Justicia sacó una acordada en la que dispuso que 310 empleados administrativos subieran a categorías superiores, basándose solamente en la valoración que los mismos cortistas realizaron del personal, es decir, de manera discrecional y sin que se hubiera implementado un examen académico y de antecedentes. El argumento se centró en “razones de servicio y urgencia”, por lo que se dejó de lado la acordada que el máximo tribunal había emitido en 2001, en la que estableció que las promociones debían ser por concurso.
El Poder Judicial arrastra antecedentes polémicos en la designación de sus empleados. Uno de ellos se registró en 2005, cuando la Corte llamó a concurso para nombrar personal y se descubrió que las respuestas se habían filtrado para favorecer a algunos aspirantes. El proceso se dejó sin efecto, pero se llamó a uno nuevo. En 2009, los cortistas designaron sin concurso a 39 personas que en su mayoría eran parientes o amigos de funcionarios. Entraron como interinos y después fueron pasados a planta permanente.