En octubre de 1994, en medio de un incontrolable déficit financiero provincial, el entonces gobernador Juan Carlos Rojas anunció que tres meses después iba a bajar los sueldos públicos, en un promedio del 20%, para poder cerrar la caja fiscal.
Así, a partir de enero de 1995, los estatales sufrieron un recorte salarial que oscilaba entre el 8 y el 25 por ciento, según la categoría. Los únicos exceptuados fueron los salarios inferiores a 400 pesos.
A partir de ese momento los trabajadores a través de los gremios estatales, comenzaron a reclamar la restitución salarial que llegó en forma de vales alimentarios en 1998. En noviembre del ´97 la entonces ministra de Hacienda y Finanzas, Nélida Martín, hizo el anuncio de que se iba a pagar con este instrumento la diferencia hasta alcanzar la cifra que cobraba el estatal hasta antes del recorte salarial. El gobierno implementó este sistema para evitar pagar un gran desembolso extra en cargas sociales: Sobre unos 2.5 millones de pesos mensuales en tickets que se implementaron en aquel momento el Estado se ahorró unos 500 mil pesos en aportes patronales -unos 6 millones anuales-, en aportes jubilatorios y de obra social.
Esa fue la razón de la fuerte oposición de los gremios más fuertes del momento: Udap, al mando de la actual directora de Defensa al Consumidor, Ana María López de Herrera- y ATE, conducido entonces por el ya fallecido Héctor Sánchez. Más cerca, el gremio UPCN, conducido por José “Pepe” Villa aceptó de entrada el ofrecimiento, lo mismo que ATSA que liderado por Alfredo Duarte que ofreció una tibia resistencia.
