El otro cargo vacante en el ámbito de la Justicia Federal es el de defensor oficial. Se trata del responsable de asegurar la efectiva asistencia y defensa judicial de los derechos de las personas sospechadas de haber cometido un delito. Sucede que a veces, por decisión propia o por falta de recursos económicos, un acusado de haber cometido un ilícito federal, como puede ser por drogas o trata de personas, no puede designar a un abogado para que lo represente. En esos casos actúa este funcionario para darle ayuda profesional. Hasta enero de este año el puesto estuvo en manos de Eduardo Santiago Caeiro, un abogado de origen cordobés, pero renunció para regresar a su provincia natal y ocupar una función similar. El cargo había estado vacante desde 2009, cuando se jubiló Raúl Plana Más. Y fue subrogado después por Horacio Garcete, designado por la Defensoría General de la Nación. Luego del correspondiente concurso, en febrero del año pasado había asumido Caeiro, un abogado especialista en Derecho Penal, En su tarea de defensor oficial, a Caeiro le tocó dar asistencia letrada a acusados de haber cometido crímenes de lesa humanidad en la provincia, como en el caso del represor Gustavo De Marchi, quien había estado prófugo durante más de dos años. La convocatoria también la debe realizar el Consejo de la Magistratura.
