San Juan, 10 de junio.- Abel Soria Vega, presidente de la Corte de Justicia de la provincia, confirmó el nombramiento “de 4 personas en cuatro cargos vacantes en maestranza”. Consideró inexacta la información en la que se sugería un ascenso en el escalafón, y señaló que “no han sido ascendidos a administrativos, siguen siendo personal de maestranza, ya que no ha habido concurso ni reescalafonamiento”. Atribuyó a esta información la polémica desatada por el Foro de Abogados, al cuestionar la medida: “El presidente del foro recién hoy ha pedido una copia de la acordada para ver de qué se trata. El se ha informado por los medios solamente, no ha tenido datos fehacientes”.
En el mismo sentido, reconoció que “hay personal de maestranza realizando tareas administrativas”. El cortista afirmó que “en alguna ocasión había pedidos del gremio y de una cantidad de gente de maestranza que en el curso de su desempeño habían cumplido los requisitos para ser personal administrativo, de cubrir estas tareas”. Para estos casos, señaló Soria Vega, “la escuela de capacitación judicial dictó un curso para ver si estaban en condiciones para su reescalafonamiento. En estos casos, no sé si todos, pero un gran porcentaje pasaron al escalafón administrativo en virtud de haber este, prácticamente, concurso interno. Está previsto dentro de la normativa”.
El tema Probation o suspensión de juicio a prueba, que posibilitaba pagar algunas penas con trabajo comunitario, dio que hablar en San Juan en estos tiempos. El magistrado explicó su “opinión personal , que es la que está vertida en el voto: creo que cuando la ley dice que no tendrán derecho a probation las personas que estén imputadas de delitos de inhabilitación, no distingue si es inhabilitación como sola pena, como pena alternativa o como pena conjunta. En el caso puntual, creo que al no distinguir la ley, nosotros no debemos distinguir y decir, donde hay pena de inhabilitación, la probation no corre”.
Al voto y argumentación de Soria Vega adhirieron también los jueces Caballero, Balaguer y Medina Palá.
“Más allá de eso”, continuó, “hay un dato de la realidad que me convence aún más de lo dictaminado: por ejemplo en un accidente de tránsito que tenga como consecuencia la lesión o fallecimiento de una persona, impedir que prosiga el juicio es impedir también la inhabilitación para conducir. Y si esta persona merece tal pena y le otorgamos la probation, me parece que estamos sometiendo a la sociedad a un riesgo innecesario.”
Un tema candente de las últimas semanas fue el de la Seguridad en tribunales, a raíz de un desprolijo suceso en que familiares de una víctima atacaron al presunto victimario. El tema motivó altisonante declaraciones de funcionarios, por ejemplo del Fiscal de Estado, Eduardo Quatroppani , quien dijo que en tribunales “nadie controla nada”.
DIARIO DE CUYO online le pidió al presidente del alto tribunal que defina su responsabilidad en este y en sucesos de la mima índole. En ese sentido, Soria Vega no dudó: “La seguridad funcionó”, y argumentó que, si bien el no estaba en Argentina, al llegar se informó debidamente del caso y pudo que saber que “cuando lo sacan al detenido de la sala de audiencias donde se ha producido el debate, algún familiar del damnificado intenta agredirlo y no lo logra, porque la guardia actúa inmediatamente sobre el caso, y requisado el hombre, se comprobó que no tenia punta, como salió en algunos medios, y el agredido no sufrió lesión alguna”.
De todas formas, “en ejercicio de la presidencia y como jefe de la policía del edificio, he recalcado al señor jefe de la guardia que vea que el tránsito de la personas esté limitado a aquellas que tengan trámite en tribunales, que y quienes no lo tengan estén afuera”.
Acerca de la seguridad en casa una de las salas, señaló que “cuando se produce un debate, no tiene nada que ver la policía ni la Corte, salvo las normas generales de seguridad del edificio. Quien debe decir quién puede ingresar o no, o si debe haber o no requisa, es el titular del tribunal que está ejerciendo. Quien debe marcar las normas de seguridad de un debate, dentro del recinto del debate, no es otro que el presidente del tribunal a cargo del debate. No le puedo dar yo como presidente, porque sería inmiscuirme en temas en que el tribunal inferior es soberano”.
Insistió en que de todas formas se revisarán las medidas de seguridad, y para evitar el deambular de gente en los pasillos del palacio judicial, “hemos dispuesto por acordada la creación de una oficina de informes al ciudadano. Estará instalada en la planta baja de manera que, quien ingrese y no sepa dónde acudir a realizar un trámite, podrá informarse, incluso de trámites que la gente cree que se hacen en tribunales y corresponden a otro ámbito de la administración del estado. La gente de maestranza ya esta previendo el lugar físico donde funcionará la oficina”.
Soria Vega también habló de la futura ciudad judicial. “El poder ejecutivo le otorgó al poder judicial el edificio 9 de Julio, una vez que se desocupe, para que junto con el edificio 25 de Mayo se haga una gran estructura inmobiliaria donde se centralice el funcionamiento de los tribunales. Esto se ha dado en llamar la Ciudad Judicial”.
El problema, expresó el magistrado, es que “los fondos que tiene el poder judicial y que ha venido ahorrando a través de los años, si bien son importantes, alcanzan a los 40 millones de pesos, no son suficientes para asegurar los edificios, comenzar los proyectos y llevarlos a cabo”.
Para solucionar este tema, soria Vega consideró fundamental “la celebración de un contrato de fideicomiso, que el poder judicial y la corte de justicia están impulsando con mucha fuerza, al cual vayan los aportes del poder judicial, ejecutivo y eventualmente algún otro aporte que pueda venir de la nación, y con eso, podemos lograr en unos años más, a ojo de buen cubero, 3 o 4 años, una ciudad judicial como San Juan merece”.
Hace menos de un mes, la legislatura sanjuanina otorgó la jubilación con el 82% vital y móvil para los jueces. “Mucha gente teme que la justicia se quede sin jueces ante la posibilidad de que haya muchos magistrados que pidan la jubilación y se jubilen en corto tiempo. Para eso la ley tiene una solución, la 24018 deja a los jueces que se jubilaron en la situación de ser convocados a cubrir el cargo. Si la Corte de Justicia advierte que esta masiva jubilación de jueces puede implicar un deterioro en el servicio de justicia, lo que puede hacer la corte es convocarlo hasta que se designe su reemplazante”. Justificó una salida masiva de jueces del sistema: “Si antes son lo hacían era por una razón muy simple. Estaban aportando por 4000 pesos y se jubilarían con 1500, por la ley 24241”.
El presidente de la máxima instancia judicial de la provincia a llamó a no alarmarse: “Se producirá una natural renovación en la justicia, por una cuestión de edad y de saturación, este es un trabajo muy estresante, pero la regularemos con esta prerrogativa de convocarlos a cubrir el cargo, hasta que se lleve a cargo el trámite dispuesto para suplantarlos”.