El 1 de diciembre de 2010, la jueza Gladys Abelín presentó en el Concejo Deliberante un pedido de investigación contra el intendente Elías Álvarez, que luego se transformó en un planteo de juicio político. En ese momento, la magistrada señalaba que el jefe comunal orquestaba una serie de maniobras para alejarla del cargo. Según había denunciado, Álvarez no le respondía los pedidos de informes que solicitaba, le retenía las actas de infracción que debía controlar y hasta echó al secretario del Juzgado porque no se prestó a una maniobra que la comprometía. En ese entonces, en su denuncia, Abelín calificaba el accionar del intendente como ‘amenazante, extorsivo y destituyente‘ y que ‘estuvo dirigido a lesionar mis derechos y a ocasionar un daño y un perjuicio a la suscripta‘. El 30 de diciembre de ese año, el órgano deliberativo se reunió para tratar el pedido de juicio político y durante la votación, siete de los diez concejales del cuerpo impusieron el archivo de la causa. Esos ediles señalaron que en la investigación se comprobó que el mandatario no era responsable de ninguno de los hechos y que en ningún momento tuvo una actitud destituyente contra la jueza.