A pesar de sus 86 años, Gumercilda Páez se levantó al alba como todos los días para regar las plantas y el patio de tierra, antes de tomarse unos mates sólo en compañía de su gato. Pero la angustia no dejó que disfrutara del momento. Hace un par de días se enteró de que está a punto de perder la casa que construyó hace 40 años junto a su difunto marido. La edificaron sobre un terreno que le compraron a un finquero, pero que nunca escrituraron a su nombre. El lote, que por ese olvido aún figura a nombre del dueño anterior, será rematado para saldar una deuda que este hombre contrajo tras perder un juicio civil. En la misma situación se encuentran otras casi 100 familias que viven en la Villa Constitución, en Pocito. Como Gumercilda, creyeron que el boleto de compraventa era suficiente para ser dueños de una propiedad. Pero ni siquiera tener todos los impuestos al día los acredita como tal.
"Si me corren de mi casa no tengo a dónde ir porque mi hija también vive acá en la villa y está en la misma situación que yo. Encima es una casa viven dos familias como mínimo -dijo Gumercilda-. Nunca imaginamos que la escritura era tan importante y era la única forma de ser propietarios. Igual nadie en la villa tiene plata como para hacer ese trámite".
La mayoría de los vecinos de la Villa Constitución trabajan en el campo y son de condición muy humilde. Dicen que con lo que ganan apenas les alcanza para sobrevivir y que es por este motivo que no escrituraron los lotes cuando se los compraron a Domingo Loiácono, hace 40 años. El problema es que la omisión de ese trámite les puede costar que deban abandonar sus hogares, según un comunicado que recibieron de parte del Octavo Juzgado Civil.
El juez Daniel Olivares Yapur, a cargo de este dependencia judicial, dijo que el motivo se debe a que Loiácono perdió una causa civil que le inició Lucio Guzmán por daños y perjuicios y que implica el pago de una importante suma de dinero. Pero como Loiácono falleció, son sus herederos quienes deberán asumir el pago. Ellos se declararon insolventes y, por lo tanto, el demandante podrá hacer efectivo el cobro con alguna propiedad perteneciente al demandado. La única que todavía sigue a su nombre, sólo porque los vecinos no hicieron la escritura correspondiente hasta ahora, es el terreno donde se levanta la Villa Constitución.
El magistrado también explicó que la carta que firmó y envió a la Villa Constitución no se trata de un aviso de desalojo, sino de un mandamiento de constatación que consiste en que un oficial de la Justicia constate y haga un relevamiento en el terreno para elaborar un informe sobre las condiciones del mismo y la cantidad de habitantes, entre otros datos. Aclaró que recién cuando el juzgado reciba dicho informe se procederá a las etapas sucesivas de designar martillero, publicar edictos, rematar el terreno y, finalmente, proceder al desalojo. Dijo que los vecinos tienen este tiempo para buscar asesoramiento legal y conocer qué alternativas tienen. "Pueden venir a verme para informarse bien sobre el tema, pero deben buscar un abogado que los represente porque no depende de mí que los desalojen o no -sostuvo el juez-. Sólo el demandante puede decidir si permite que sigan viviendo en sus casas".
Los vecinos dijeron que ya consultaron un abogado que les dijo que una opción sería que ellos se hagan cargo del pago que requiere Lucio Guzmán. Pero sostuvieron que si no tuvieron plata ni siquiera para escriturar, menos van a tener para pagar miles de pesos. Por el momento sólo han programado una reunión vecinal para mañana a la mañana. Allí decidirán si harán piquetes o alguna otra manifestación para que alguien los escuche y los ayude a encontrar una solución.

