El 26 de mayo del año pasado, la presidenta Cristina Fernández firmó el decreto 699 que dispuso extender por 2 años el plazo de vigencia de los beneficios promocionales en el Impuesto a la Ganancias y en el IVA a las empresas radicadas. El porcentaje del beneficio iba a ser el correspondiente al 2009, no pudiendo exceder en ningún caso el 45%.

El requisito para las industrias era mantener el personal.

La norma también incluía la posibilidad de otorgar los beneficios promocionales a nuevos proyectos industriales por un plazo de 15 años, con un cupo fiscal limitado al 40% de la masa salarial total del proyecto promovido.

Pero el Gobierno y las entidades mendocinas retomaron su ataque con el argumento de que se afecta su economía.