El Gobierno recurrió al “per saltum” y le pidió a la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que intervenga directamente en las causas que analizan los decretos sobre el uso de las reservas del Banco Central y el despido de Martín Redrado, quien ayer recibió otra denuncia penal de un funcionario de la entidad que se sintió despechado.

Al ser consultado al respecto, el abogado de Redrado, Gregorio Badeni, señaló que “como no tienen éxito en lo Contencioso Administrativo, se acude al fuero penal para tratar de encontrar otra forma de remoción”.

Por lo pronto, la decisión de la jueza María José Sarmiento de dar un trámite “sumarísimo”, con carácter ordinario, a los amparos analizados frente a los decretos 2010/09 y 18/10 frustró las intenciones del Gobierno para que la Sala de feria de la Cámara resolviera en apenas 48 horas los fallos adversos en primera instancia.

Así, el Gobierno reclamó ayer un “per saltum”: presentó dos oficios ante la Cámara pidiéndole que, por sus facultades de “superintendencia”, tomara los expedientes, en lo que en los hechos constituiría saltearse una etapa del procedimiento judicial.

Mientras tanto, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, salió a cuestionar abiertamente a la jueza Sarmiento por haber dado, dijo, “respuestas políticas cuando en realidad deberá tener respuestas judiciales” al la problemática del BCRA.

“En ningún lugar un juicio ordinario se dispone después de la medida cautelar, no existe esa situación -dijo en declaraciones radiales-. Hemos presentado cada uno de los recursos como correspondan por la apelación y si tienen que darse más contestaciones por esa va seguiremos por esa va. Nosotros creemos que la Justicia va a resolver las cosas como corresponde, aunque entendemos que el gesto y la actitud por parte de la jueza no es el que corresponde”. En ese sentido, desde el kirchnerismo se rumoreaba la intención de iniciarle el pedido de juicio político a la jueza Sarmiento por presunto prevaricato -es decir, dictar fallos contrarios a la ley- o parcialidad.

En tanto, en los tribunales de Retiro se aguardan novedades por la denuncia del Gobierno contra Martín Redrado

“por mala conducta e incumplimiento de los deberes de funcionario público´ y el juez federal Norberto Oyarbide, a cargo de la pesquisa, explicó que decidió habilitar la feria judicial veraniega “por lo resonante del caso” para que se determine si efectivamente se cometió delito.