El Gobierno de Jujuy denunció a la minera Exar, dueña del proyecto Cauchari-Olaroz de litio, por considerarla penalmente responsable de la cadena de contagios masivos de Covid-19. El último dato oficial es que la mina tiene confinados a unas 192 personas con esta enfermedad en condiciones sanitarias precarias. Como dijo el gobernador de esa provincia, Gerardo Morales, "hay ciudadanos sanjuaninos" entre los contagiados, aunque a la fecha nos e sabe el número exacto ni su estado de salud.
Las autoridades jujeñas entienden que "la expresa y temeraria decisión de la empresa de no cumplir la normativa sanitaria de prevención de la enfermedad y por las omisiones, incumplimiento y falta de control del procedimiento preventivo de bioseguridad presentado voluntariamente por la misma denunciada ante el Comité Operativo de Emergencia (COE)".
La denuncia especifica que la causa fundamental que generó y potenció las posibilidades de contagios en el ámbito de la empresa y las comunidades, además del incumplimiento y omisiones puntuales de medidas de protocolo y de pura lógica por todos conocidas y ampliamente difundidas en el mundo, tiene que ver con la decisión empresaria de los directivos y ceos de mantener y no reducir durante la emergencia la dotación de trabajadores sino sostenerla en un número cercano a los 1.000 trabajadores, sobre un total de 1.100 que allí se desempeñan.
Recordaron que hasta el momento de detectarse el primer contagio en Exar y la sucesión lógica de nuevos contagios las comunidades y todo el departamento Susques no registraba casos positivos de Covid-19, agravando también la situación epidemiológica en toda la provincia.
Esos incumplimientos son imputables a los responsables y gerentes de la empresa, cuya función era la de garantizar e implementar en el ámbito laboral y en la operatoria cotidiana, la observancia de los procedimientos y normas de prevención referidas, con especial atención en las relacionadas a evitar la aglomeración, mantener el distanciamiento social y obligatoriedad del uso de elementos de protección persona
Fuente: El Tribuno