A la incógnita por los compromisos financieros del Grupo Petersen se sumaron las dudas sobre el alcance de un acuerdo firmado con repsol en 2008 Repsol que obliga a los españoles a la recompra del paquete accionario en manos de la familia Eskenazi si la compañía ibérica dejaba de ser el socio mayoritario en la petrolera. Eso pasará, idefectiblemente, si se concreta la expropiación del 51% de las acciones de Repsol, tal como lo plantea el Gobierno argentino. Pero no sólo Repsol podría verse obligada a recomprar Repsol sino también a hacerse cargo de sus deudas. Sin embargo, Repsol da dio una respuesta para desestimar esa posibilidad usando como argumento la propia expropiación.
La empresa española se pronunció en forma inmediata a través de su jefe de Medios Internacionales y Financieros, Kristian Rix, quien aseguró que ‘en un contexto de expropiación, como es el caso, el acuerdo no es aplicable‘.
Para evitar los términos del mismo, Repsol necesita demostrar que la expropiación de su participación del 51% de YPF era inevitable, argumentando que perdió su participación mayoritaria por causas de fuerza mayor.
Según Tom Ginsburg, profesor de derecho internacional en la Universidad de Chicago, ‘la expropiación supone un hecho de fuerza mayor que exime a Repsol de cumplir el acuerdo. La petrolera puede defender que, dado que su retirada no es voluntaria, no está obligada a activar el pacto‘.
En opinión de este experto, ‘es un chantaje que por una expropiación que no estaba prevista por la empresa, su salida pueda entenderse como causa necesaria para activar el acuerdo‘.
Por el lado contrario, los Eskenazi pueden argumentar que ‘Argentina tiene una larga historia de nacionalizaciones, con lo que esta posibilidad no era del todo descartable‘, reconoció.
‘El evento, que daría lugar a la puesta en marcha de la cláusula, sería una transacción impulsada por el mercado y no una expropiación gubernamental‘, matizó Ginsburg. El negocio ‘del siglo‘ para Petersen puede terminar mal, concluyó
