“Lo de San Juan no es parecido al caso Atuel, porque era una demanda por acción posesoria de las aguas y ahora lo que estamos planteando tiene que ver con el daño ambiental y mucho más con ese aspecto de la jurisprudencia”, dijo el pampeano Néstor Lastiri. La Pampa libra hace más de 50 años con Mendoza una guerra por el río Atuel, porque aluden que el desierto del Norte pampeano es producto del desvío de ese caudal aguas arriba, que se aprovecha para regadío de la producción mendocina. En 2008, Cristina Fernández firmó un convenio con los gobernadores de ambas provincias -Celso Jaque y Oscar Jorge- para la construcción de las obras hidráulicas que, según la promesa oficial, devolverían el agua a los pueblos pampeanos. El acuerdo recibió la rápida ratificación de la Legislatura pampeana, pero no de la mendocina porque dijeron que el acuerdo viola un fallo de la Corte Suprema de 1987.
