A raíz del crecimiento en la provincia de los casos de denuncias sobre lugares de venta de estupefacientes y de los procedimientos policiales para combatir ese flagelo, volvió a estar sobre el tapete la discusión por la adhesión o no a la llamada ‘ley de desfederalización‘ de delitos menores relacionados con la droga, para que pasen a la jurisdicción de la Justicia local. Pero en San Juan los sectores involucrados no mostraron intención de avanzar con un abanico de argumentos. Actualmente, todos los delitos por tráfico de drogas están en la órbita de la Justicia Federal, según la Ley 23.737.
El ministro de Gobierno, Adrián Cuevas, dijo que adherir a la Ley 26.052, para permitir que los llamados casos de delitos menores pasen a la jurisdicción de la Justicia local, “no está en la agenda del Gobierno sanjuanino”. Y explicó que antes de avanzar en una iniciativa de ese tipo “habría que discutirlo con el Poder Judicial”. La razón para no avanzar, según explicó el funcionario, pasa por saber si los tribunales ordinarios de la provincia están o no en condiciones de absorber el análisis de estas nuevas causas.
Se trata de desfederalizar los delitos vinculados con la venta y distribución de estupefacientes en menor cuantía, pasando a ser competencia entonces de la Justicia provincial aquellas acciones delictivas donde se comercie, entregue, suministre y facilite estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumo.
El fiscal General de la Corte de Justicia, Eduardo Quattropani, quien también preside el Consejo Federal de Política Criminal, advirtió que de adherir a la norma, “los juzgados provinciales podrían colapsar”, a partir de que ya están “abarrotados de causas”.
En ese sentido, citó que las provincias que han adherido a la normativa, como Buenos Aires, La Rioja, Salta y Córdoba, asumieron la responsabilidad de instruir en los juzgados provinciales las causas por delitos menores, pero la Nación no les transfirió los recursos necesarios.
“Si San Juan adhiere, tendría que hacerse cargo de una de las etapas más onerosas de la droga, que es la recuperación de los adictos”, expresó el funcionario judicial.
A estos argumentos cabe contraponer que en San Juan sólo hay un juzgado por el que pasan todas las causas de drogas en la provincia. Es el número 2, a cargo de Leopoldo Rago Gallo. Este magistrado tiene la responsabilidad de instruir todas las cuestiones vinculadas con estupefacientes que ocurren en la provincia. Y, para el juzgamiento de las causas, está el Tribunal Oral Federal (TOF), integrado por 3 jueces, uno de los cuales es subrogante porque desde que se jubiló Juan Carlos Turcumán, hace unos 2 años, su puesto todavía no se cubrió.
Otra cuestión en discusión es la de las incumbencias. En ese sentido Quattropani advirtió de eventuales “choques de competencia” porque sería dificultoso determinar qué causas corresponden a la Justicia Federal y cuáles a la Justicia provincial. Al respecto dijo que el Gobierno federal “viene intentando sacar competencias de la Justicia Federal en claro perjuicio de las justicias provinciales”.
Sobre este tema en particular, el juez Hugo Echegaray, que integra el TOF, el único ámbito encargado de llevar adelante los juicios por droga en la provincia, sostuvo que “no estoy de acuerdo” en transferir la incumbencia para la instrucción de las causas. Y fundamentó su postura diciendo que “habría planteos de competencia permanentes que entorpecerían el avance de las causas”.
El problema que se plantea es la preocupación por combatir este flagelo que corrompe niños, adolescentes, familias enteras y hasta nuestro entorno y la vida diaria. Y en ese sentido la instrucción de las causas ocupa un espacio fundamental.
Los defensores del cambio sostienen que la adhesión a la Ley 26.052 agilizaría el tramite judicial y la daría la debida trascendencia social a la venta llamada ‘al menudeo‘ de estupefacientes, permitiendo a las fuerzas de seguridad actuar en forma inmediata, desburocratizando el trámite que apunta a evitar que ese acto se repita en desmedro no sólo del consumidor, sino también de quien vende para sustentar su adicción convirtiéndolo también en víctima.