La relación de la jueza de Faltas de Rivadavia, Gladys Abelín, y los funcionarios municipales durante el periodo 2007-2011 estuvo marcado por los conflictos. La denuncia contra Correa y Molina no fue la primera arremetida de la magistrada en dirección a la gestión que encabezó el justicialista Elías Alvarez. El 1 de diciembre del año 2010 presentó un pedido de juicio político para que fuera destituido el propio intendente, acusándolo de llevar adelante una serie de maniobras para separarla del cargo. En la denuncia advertía que el jefe comunal le retenía las actas de infracción y que hasta echó a su secretario para justificar que ella no cumplía con su función y después sacarla del sillón de magistrada. Tras investigar la situación, los por entonces miembros del Concejo Deliberante rechazaron por unanimidad el planteo. Pero Abelín, no se quedó ahí. Más tarde denunció penalmente a los concejales Raúl Alonso y Adriana Catraro, por considerar que incumplieron sus deberes al interpretar arbitrariamente el proceso de juicio político. La fiscal del caso, Silvina Gerarduzzi, entendió que no había delito como para abrir una causa y el expediente fue a archivo.
