Buenos Aires, 24 de octubre.- Los trabajadores ferroviarios realizaron hoy un paro de más de doce horas en la línea Roca tras la detención del dirigente Pablo Díaz y la presidenta Cristina Fernández cuestionó la medida de fuerza al señalar que era ‘una vergüenza‘ y pidió no presionar a la justicia.
La presidenta criticó a través de su cuenta de Twitter la huelga y lamentó que ‘como siempre los extremos se tocan, esa historia es vieja y demasiado conocida‘ y reclamó: ‘Dejen trabajar a la Justicia sin presiones ni extorsiones‘.
‘Paro en el Roca. Una vergüenza de la misma dimensión que la actitud de quienes se negaron a colaborar con la Justicia, hasta reincorporación‘, expresó por la red social.
La medida de fuerza fue adoptada por el sector oficialista de la Unión Ferroviaria en repudio de la detención del delegado de ese gremio Pablo Díaz, acusado de encabezar el grupo de donde provino el disparo que mató al militante del Partido Obrero (PO) Mariano Ferreyra.
Díaz es la mano derecha del secretario de Administración de la Unión Ferroviaria Carlos ‘El Gallego‘ Fernández, y está sindicado como el organizador del grupo de agresores que participó en los incidentes que derivaron en el homicidio.
Por su parte, el Partido Obrero denunció a través de un comunicado que en la línea Roca no hubo un paro sino ‘un ’lock out’ de la patota que dirige la Unión Ferroviaria‘ para ‘encubrir un crimen‘.
Según señaló, la ‘UF maneja las relaciones laborales en el ferrocarril en representación del Estado y de las concesionarias, además de ser propietaria de varias de las empresas tercerizadas‘.
El PO que conduce Jorge Altamira afirmó que ‘el lock out exige la libertad de un organizador de las patotas de la burocracia sindical, que ha sido detenido por orden judicial, Pablo Díaz, y pretende frenar la detención inmediata de Juan Carlos ‘Gallego‘ Fernández y (del jefe de Unión Ferroviaria), José Pedraza‘.
‘El lock out es también una extorsión para que el gobierno frene la actividad de la justicia‘, alertó. Para el PO, la medida de fuerza se trató de un ‘lock out de la patronal, del Estado y de la burocracia sindical, que pretende imponer la impunidad para los asesinos y abortar la investigación de la justicia – en particular, que no convoque a declarar a los participantes de la patota de la burocracia‘.
El comunicado que lleva las firmas de Altamira, y de los dirigentes del PO Néstor Pitrola y Marcelo Ramal, reclamó que ‘juicio, castigo y cárcel a los responsables materiales y políticos del asesinato de Mariano Ferreyra y de la tentativa de asesinato contra Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos. Asimismo, exigió la ‘reincorporación inmediata de los trabajadores despedidos y efectivización de todos los trabajadores tercerizados.