El 30 de septiembre, los médicos terapistas anunciaron un paro sin asistencia a los lugares de trabajo por tiempo indeterminado. Los profesionales reclamaban que las obras sociales les dieran un aumento en los aranceles. El fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, presentó una acción de amparo con una medida cautelar para que los terapistas volvieran a sus puestos. El entonces juez del Octavo Civil, Daniel Olivarez Yapur, hizo lugar al planteo y les advirtió que si no cumplían, se reservaba el derecho de denunciarlos penalmente.