�El ‘no‘ de los griegos en el referéndum de ayer deja planteada, con toda crudeza, la pregunta de si Grecia se verá forzada a abandonar la unión monetaria, escenario que nunca contemplaron los fundadores de la moneda única. En la práctica, si un miembro insolvente de la Eurozona se queda sin la cobertura del BCE, como le está pasando a Grecia, se puede ver obligado, para salvar su sistema financiero, a introducir la moneda nacional, ya sea de forma temporal o definitiva. Pero desde el punto de vista jurídico no están en absoluto claros los procedimientos, ni los derechos y obligaciones que tendría respecto a sus antiguos socios y viceversa. El euro, la moneda oficial para 19 de los 28 Estados miembros de la Unión Europea (UE), es un proyecto político y económico que sus socios se plantearon como algo irreversible. Sin embargo, existe desde 2009 una disposición introducida en el Tratado de Lisboa para permitir a un país abandonar la UE. Ese Tratado contempla por primera vez la posibilidad de que un Estado miembro se retire voluntariamente de la Unión. Para ello es necesario que el Estado en cuestión comunique su intención al Consejo Europeo, y que después negocie un acuerdo internacional que establezca la forma de retirada y el marco de sus futuras relaciones con el club europeo. Ese acuerdo ha de ser aprobado por mayoría cualificada del Consejo, previa aceptación por el Parlamento Europeo, y dos años después de la entrada en vigor del acuerdo de retirada, los tratados dejan de aplicarse a ese país.
