A nivel nacional hay un Programa de Protección a Testigos e Imputados que funciona en el ámbito de la Secretaría de Justicia de la Nación. Está dirigido a testigos e imputados, o bien a colaboradores de la Justicia o arrepentidos, que hagan aportes, por ejemplo, para una investigación judicial de competencia federal como el narcotráfico, secuestro extorsivo y terrorismo o delitos de lesa humanidad, como en este caso, y que por lo que puedan declarar se encuentran en una situación de riesgo.
El programa funciona a partir del pedido de una autoridad judicial que recibió la declaración y que meritúa la importancia de los dichos.
Las medidas de protección pueden ser, entre otras, la custodia personal o domiciliaria, el alojamiento transitorio en lugares reservados, cambio de domicilio, ayuda económica por no más de seis meses, asistencia para la reinserción laboral o el suministro de documentación que acredite identidad a un nombre supuesto.
