Con la ampliación de la acusación contra 11 acusados en la megacausa de las expropiaciones, el fiscal Carlos Rodríguez abrió una puerta para que terminen presos. Es porque sostiene su imputación inicial de defraudación contra las arcas públicas, pero al mismo tiempo plantea que podría haber asociación ilícita. El primero de los delitos es excarcelable y el segundo no, por lo que si los implicados son condenados, tendrían que ir a prisión. Se basa en que las irregularidades detectadas no son aisladas, sino que se repiten sistemáticamente en muchos de los juicios en donde la provincia fue condenada a pagar montos varias veces millonarios por terrenos que valían mucho menos y que se ven involucrados los mismos actores. La que tiene la palabra ahora es la jueza de la causa, María Inés Rosellot. El fiscal Rodríguez, tomándose de todos los procesos en los que hay anomalías, les apunta a los abogados Santiago Graffigna y Horacio Alday, a los seis miembros del Tribunal de Tasaciones, a la experito oficial Ana María Melvin, al exfiscal de Estado Mario Díaz y al exempleado de Recursos Energéticos Néstor Ruiz.
