Marcos Soto tenía una deuda de 170 mil pesos con el Banco y el Estado lo demandó. Por la misma causal que en el caso anterior, se dictó la caducidad y tiene que pagar los honorarios ajenos. La Provincia cesanteó de la Fiscalía de Estado a la abogada Cristina Molina y todavía está en discusión el monto de los honorarios.