Para que los represores Jorge Olivera y Gustavo De Marchi pudieran escaparse, tuvieron que desplegar un plan perfectamente armado, el cual contó con logística y recursos para llevarlo a cabo, y con el necesario apoyo externo para materializarlo. Esa es la opinión que tiene la mayoría de los sectores políticos y las organizaciones de derechos humanos que bregaron por la realización del juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia. La noticia de la fuga de los 2 exmilitares cayó como un baldazo de agua fría y provocó sorpresa e indignación.
El gobernador Gioja destacó que son "personas al margen de la ley y que afuera cuentan con ayuda de delincuentes". Por su parte, Margarita Camus, víctima y querellante, aseguró que "pensar que son unos pobres viejitos es una estupidez. Tienen contactos, logística, plata y recursos". Fernando Martínez, del Observatorio de Derechos Humanos, resaltó que "sin apoyo externo no podrían haber realizado la fuga". El ministro de la Corte de Justicia local, José Soria Vega, quien también fue víctima de la dictadura, expresó su disgusto por la situación y aclaró que desconocía si hubo connivencia externa.