Cada vez que en San Juan se habla del IPV, lo primero en lo que se piensa es en números. Cuántas casas sorteará ahora, cuántas comenzará a construir en la tanda siguiente, cuánta plata presta para construir o ampliar, cuánto cuesta la cuota o cuántos sanjuaninos siguen en la lista de espera. La lógica de la cantidad es esperable para una repartición del Estado provincial que acaba de cumplir 69 años y que está obligada a pensar en grande, ya que se encarga de aplicar las políticas de gobierno que le dan batalla al déficit habitacional sanjuanino.
Los números salen entonces a respaldar la tarea de este Instituto Provincial de la Vivienda, en cuyo padrón están anotadas casi 70.000 familias para tener su casa propia: casi 9.300 viviendas construidas durante la primera gestión uñaquista, más de 2.000 entregadas en la actual gestión, más de 4.000 que están en plena construcción. A eso se suma el trabajo que se hizo para destrabar casi 1.100 escrituraciones que venían complicadas y otorgar más de 300 créditos activos entregados a tasa cero.
Pero mientras se pone en cifras la difícil tarea de construir, salta también a primer plano la calidad. Es que no sólo se trata de hacer casas y barrios, sino también de evolucionar y acomodarse a los nuevos requerimientos para que la obra sea amigable con el medioambiente. Allí estriba la nueva prioridad en los proyectos de construcción del IPV, que incorporó tecnología y se dedicó a innovar para volcarse a energías limpias y lograr un mejor aprovechamiento de los recursos naturales, desde una mirada bioclimática.
Con esto, las familias sanjuaninas que empiezan a acceder a las viviendas de este “nuevo” IPV no sólo ingresan a su viejo sueño hecho realidad, sino también a una nueva era en la cultura ambiental de la provincia.