San Juan, 30 de agosto.- Luego de que 10 familias fueran dejadas fuera de la entrega de viviendas, cuando anteriormente fueran adjudicadas en el barrio FOECYT, entregado ayer en el departamento de Pocito; la abogada Rubí Arias, contó que pidieron explicaciones tanto al gremio como al Instituto Provincial de la Vivienda sobre cómo se realizó el proceso de selección para la entrega y que ambos se deslindaron responsabilidades mutuamente.
“Las personas que se quedaron sin casas son postulantes definitivos que pagaron el terreno y por ende les pertenece la vivienda. Pero en el momento de la entrega las casas fueron adjudicadas a otras personas y nadie da respuestas. Son 10 familias que han frustrados sus esperanzas y hay algunos que por realizar los trámites, salieron de su trabajo en el día de ayer y fueron despedidas de sus fuentes laborales “, expresó Arias en el Informativo de Primera Hora de Radio Colón.
“El problema más serio es que nadie es responsable. Cuando los responsables de adjudicarlas era el IPV y de los postulantes el gremio. Pero las personas que ahora están usurpando esas viviendas no estaban dentro del gremio sino que pertenecen al cupo de inscriptos en el IPV”, agregó.
Señaló que desde el sindicato FOECYT les aseguraron que las carpetas nunca fueron recibidas por el IPV y este organismo les dijo que el gremio nunca presento a los postulantes.
“Hoy vamos a reunirnos para ver como solucionamos el tema. Estas otras personas a las que se les entrego las casas, ya las están ocupando pero en términos legales esto sería usurpación, y aunque manifiesten que pagaron el terreno también, no tienen derecho porque ya se realizó la adjudicación anteriormente a estas familias”, manifestó.
“Esto no puede seguir así, aparte esta gente termino de pagar su terreno en el año 2006 y luego de seis años se los adjudican y hay gente que falleció esperando estas viviendas. Mientras que en el gremio insisten en que el IPV no quiso recibir las carpetas, yo me pregunto sí tenían 127 casas y 127 postulantes no entiendo cual fue el problema”, alegó.
Finalmente, la profesional aclaró “si el problema en la entrega de estas casas fue por respetar el 5% que corresponde por ley para las personas discapacitadas o por beneficio en algún derecho, da la casualidad que uno de los que dejaron sin casa, es discapacitado”. “Creo que el gremio dispuso de un cupo de casas del cual no debía por no conocer este tipo de normativas que especifica la ley”, sentenció.