‘Por el momento no habrá Estado de Sitio‘, salió a decir por TV el ministro del Interior, Julio Mera Figueroa, impulsado por la extraña presunción de que esa frase iba a tranquilizar a alguien. Los precios estaban por el cielo y los sueldos por el suelo, saquear supermercados ya se estaba volviendo costumbre en varias provincias (sobre todo en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires) y el nuevo gobierno nacional, encabezado por Carlos Menem, llevaba apenas nueve meses. Los sanjuaninos vieron al ministro en el noticiero, cuando aún no terminaban las vacaciones ese verano de 1990, y temblaron. El ‘por el momento‘ era exactamente lo contrario a mantener la paz social.

Ese mes casi se tocó fondo. Los saqueos ya llegaban a Mendoza. La economía estaba tan descalabrada que los pequeños almacenes rurales de departamentos como San Martín y Angaco cobraban las semitas, la lechuga y los cigarrillos con precios traducidos a dólar.

San Juan venía convulsionada de hacía rato y tenía motivos extra para el desorden.

Un mes atrás, casi pegado a los discretos brindis de Año Nuevo, varios miembros de la Policía provincial habían decidido ‘colgar las pistolas‘ e ir al paro, en reclamo de mejoras salariales. Un juez mandó a meter presos a seis oficiales ‘cabecillas‘ de la medida y eso hizo empeorar más aún la situación.

Con el clima social en su máxima tensión y casi sin policías custodiando las calles sanjuaninas, el pie de guerra estaba instalado. A los uniformados acuartelados se sumaron los penitenciarios y empezó a dar vueltas el rumor de que iba a ser demasiado fácil que los presos escaparan del Penal de Chimbas.

Fue una prueba de fuego para el gobernador bloquista Carlos Enrique Gómez Centurión. Lejos de tener afinidad con la gestión menemista, usó su cintura política para sentar a la misma mesa a los policías rebeldes, la cúpula cuestionada y su ministro de Gobierno. No esperó ayuda nacional. Tras horas de reunión, los uniformados dejaron Casa de Gobierno y anunciaban un acuerdo. Daban por terminado el paro de casi 10 días.

Esa breve paz se disolvió a mediados de febrero, cuando varios jueces sanjuaninos se sumaron a un paro de magistrados sin precedentes y que estaba conmocionando al país. Esta vez la Justicia era la que reclamaba mejores sueldos y el gobierno nacional, en lugar de salir a calmar las cosas, intensificó las medidas de ajuste en una intentona de reducir el déficit fiscal, con una inflación de ese mes situada en el 115,4%.

Una de las decisiones fue congelar los salarios. Otra, no enviar fondos a las provincias.

Fue por esos días cuando Mera Figueroa declaró que no habría Estado de Sitio por el momento. Y el propio Menem debió salir a desmentir la renuncia de su ministro.

Marzo arrancó peor. Se estableció un aumento en los combustibles del 124%. Las clases no empezaron en ningún nivel porque todos los gremios docentes estaban de paro. Y lo que mejor describía la situación era un aviso a página completa de Casa Tía en DIARIO DE CUYO. Decía: ‘Hemos decidido suspender todo aumento de precios. Esto significa que en muchos casos, estaremos vendiendo con precios inferiores a nuestros costos de reposición‘.

La vitivinicultura sanjuanina y la industria en general asentada en la provincia pusieron el grito en el cielo con otra medida nacional, que suspendía la promoción industrial por 6 meses y reducía los beneficios impositivos al 50%. ‘Cerrando nuestras fábricas no se hace la revolución productiva‘, fue el título de una ácida columna que el vicegobernador Wbaldino Acosta escribió en el Cuyo, un misil directo al corazón de la gestión menemista.

Tras una nueva ristra de huelgas en el país, con una CGT crispada y a las órdenes de Saúl Ubaldini, la Coordinadora Intergremial sanjuanina (nucleaba los sindicatos más fuertes como UDAP, UDA, ATE y Adicus, entre otros) tomó las calles a mediados de marzo y se hizo sentir con fuerza. Era un anuncio de nuevas marchas que vendrían después, más numerosas y con consecuencias más profundas.

PODÍA SER PEOR Y LO FUE

Las cosas en el país fueron complicándose cada vez más. El gobierno empezó a privatizar servicios públicos, cerrar ramales ferroviarios y suspender trabajadores. La relación con los sindicatos era de guerra total y eso amenazaba con generar una ruptura en el PJ gobernante. Los productores agropecuarios se sumaron a la lucha contra el modelo y fueron retrucados por el ministro de Economía, Domingo Cavallo, quien les dijo que ‘van a tener que acostumbrarse a pagar los impuestos‘.

Mientras crecía la tensión nacional, San Juan protagonizaba una escalada de escándalos. Entre marzo y abril del ’92 hubo una seguidilla de papelones en la Legislatura, con diputados truchos que votaban y todo, y hasta bombas de olor en el recinto para boicotear sesiones.

Pero el caos total llegó a fin de año: el gobernador Jorge Alberto Escobar, que llevaba apenas un año de gestión tras haber llegado con menos de un tercio de los votos, fue sometido a juicio político, suspendido y finalmente destituido, para ser reemplazado por el vice Juan Carlos Rojas. A Escobar le habían probado que usaba bienes del Estado en su propiedad privada.

Sin embargo el exgobernador acudió a la Justicia y su caso llegó a la Corte Suprema de la Nación. Finalmente, los tribunales provinciales anularon el juicio por considerar que estaba mal hecho y restituyeron en su cargo al empresario en 1994. Al año siguiente, Escobar compitió en las urnas por la reelección. Ganó con casi el 48% de los votos, con apoyo absoluto del poder central, con una imagen profundamente renovada y con el tema Matador (de los Fabulosos Cadillacs) como leit motiv en sus actos.

Su segundo mandato fue en un contexto difícil, con los coletazos de una crisis omnipresente. El déficit fiscal era de 150 millones de pesos y el previsional, de 16 millones. El sector agroindustrial estaba quebrado y Rojas había sido conminado a reducir drásticamente el gasto público si pretendía ayuda nacional para pagar sueldos y jubilaciones adeudados.

Ante ese panorama, Escobar transfirió las jubilaciones a la Nación y privatizó Servicios Eléctricos Sanjuaninos. Tenía en proyecto privatizar también OSSE y un fuerte recorte salarial.

El clima en plena crisis ya era insostenible. En febrero de 1995, encabezada por un burro para ridiculizar a los ministros de Economía de San Juan y de la Nación, una nutrida columna de trabajadores estatales copó las afueras de Casa de Gobierno. La protesta y su represión estallaron en cuestión de minutos. A las balas de goma y gases lacrimógenos, respondieron con pedradas y ladrillazos.

Las medidas de ajuste continuaron y también los paros. La gravedad crecía en términos exponenciales. Eloy Camus, dirigente de ATE y nieto del célebre exgobernador peronista homónimo de San Juan, fue secuestrado en plena madrugada por un grupo parapolicial. Durante horas lo sometieron a torturas, lo balearon en una pierna y finalmente lo dejaron abandonado cerca de la Catedral. ‘Se te van a acabar las huelgas‘, fue la advertencia que le dejaron los secuestradores.

Pero las huelgas no se acabaron. Tras la decisión de recortar sueldos por decreto porque la Legislatura no lo aprobaba, en julio llegó la protesta más violenta de la historia sanjuanina. El microcentro se convirtió en zona de guerra, los manifestantes destrozaron parte del edificio de Desarrollo Humano, incendiaron un camión de OSSE, dieron vuelta y le prendieron fuego a una camioneta policial en la plaza 25 de Mayo. Al mismo tiempo se desató una ola de saqueos a negocios de la zona y la represión policial alcanzó el punto máximo. La jornada terminó con 11 detenidos y 20 heridos. Y fue bautizada como El Sanjuaninazo.

Los estallidos sociales fueron sucediendo uno tras otro en los años siguientes en casi todo el país, con cada vez más sectores involucrados en las protestas contra las medidas de ajuste que se escudaban en el rojo de las cuentas públicas.

La Iglesia se sumó a las voces contrarias a los recortes y el arzobispo de San Juan, monseñor Italo Severino Di Stéfano, se convirtió en el principal mediador entre los gremios y el gobierno nacional.

El malestar popular hizo eclosión en las urnas al final de la década, con el famoso ‘voto castigo‘ a la política económica del menemismo. Alfredo Avelín fue elegido gobernador de San Juan en mayo de 1999 y el radical Fernando De la Rúa se impuso como presidente de la Nación en octubre del mismo año. Ambos representaban a la Alianza, la fuerza multipartidaria que prometía la recuperación. Pero las promesas tardaron poco en desvanecerse. La crisis de los noventas, taimada y aferrada, no se resignaba a perderse el cambio de milenio.