La desaparición de Enrique Alfonso Severo, un testigo clave que debía declarar ayer en el juicio por el crimen de Mariano Ferreyra y cuyo auto fue hallado abandonado pero con las llaves puestas, desató una ola de preocupación política y social comparable al caso de Jorge Julio López, ocurrido hace seis años.

Enrique Alfonso Severo, de 50 años, fue gerente de la empresa Ferrobaires y debía declarar en el juicio oral por el crimen de Ferreyra -militante del Partido Obrero- sobre cuestiones clave relativas a los vínculos entre la dirección de la Unión Ferroviaria (UF) y la patota que atacó a manifestantes de izquierda el 20 de octubre de 2010.

Esa misma noche en que mataron a Ferreyra, balearon su casa con dos armas, calibre 40 y 45, desde un auto o una moto.

En 2010, durante la instrucción, Severo dibujó un croquis en el que revelaba cómo funcionaba la patota y explicó cómo se guardaban armas en talleres ferroviarios y se practicaba tiro. Esos datos se le iban a consultar ayer en el juicio, pero Severo (que en los últimos tres días sufrió intimidaciones telefónicas) desapareció la noche del miércoles y su familia denunció que “alguien lo secuestró”.

“Salió de casa, en Sarandí (Avellaneda), a eso de las once y media de la noche, para ir a diez cuadras, a la casa de la madre de mi hijo. Llamó y dijo “estoy yendo”, “pero nunca llegó”, aseguró Gastón Severo, su hijo.

La sospecha se reforzó por la tarde cuando el auto de Severo, un Renault Clío cinco puertas, color negro, con patente HSA137, fue hallado abandonado en Sarandí, con las puertas cerradas y las llaves puestas. También se encontró dinero y documentos, un escenario que planteaba que el hombre no se habría ido por su propia voluntad.

“En ningún momento él se hubiera borrado. Estaba súper entusiasmado con ir a declarar. El conoce desde el primero al último (de los ferroviarios) que aparecen en los videos en la estación Avellaneda cuando fue el crimen de Mariano Ferreyra”, dijo su hijo.

El ministro de Justicia, Julio Alak, aseguró que Severo no estaba incluido en un programa de protección de testigos porque ni los tribunales ni la víctima “solicitaron estar incluido”. Anoche se ordenó su búsqueda a las Fuerzas de seguridad. (DyN)