El cobro a las obras sociales siempre ha sido un dolor de cabeza por el Estado. A inicios de la década del 2000 fue cuando menos efectividad de recaudación hubo y si bien hay falencias en el aparato estatal, también es cierto que algunas instituciones son muy reticentes para pagar y cada vez que pueden, se abusan y zafan de hacerse cargo del costo que implica preservar la salud de sus afiliados. Las personas con cobertura se deberían atender en el sector privado, pero sus obras sociales casi que no prestan servicios y directamente las derivan a los hospitales estatales. Así, el sistema se distorsiona y los recursos públicos que deberían estar a disposición de los más necesitados, se usan en pacientes con resguardo. El Estado no los deja a la deriva y en la mayoría de los casos se queda sin recibir el pago que corresponde.
