El juez Julián Ercolini, con el fiscal Federico Delgado, investiga la causa presentada en 2013 por legisladores del radicalismo en base a un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) de 2012, sobre la compra de trenes a España por 200 millones de euros y a Portugal por 20 millones por aparente pago de sobreprecios. Ese informe había alertado que el 44% del total del material adquirido no servía, mientras que en el caso de España ese porcentaje se incrementaba a 58%. Jaime indicó antes de entregarse voluntariamente que está ‘dispuesto a dar todas las explicaciones que corresponden al juzgado‘ que ordenó su arresto y aseguró que ‘tenía todo para presentarme en Buenos Aires el martes ante el juez (Sebastián) Casanello por otra causa‘. ‘Tengo sacados pasajes para mañana a la noche, pero al enterarme de esto me puse a disposición de la Policía‘, indicó el exfuncionario y explicó que en esa otra causa le piden explicación por una moto de agua que compró su hija en 2005.
