El anuncio de que la provincia se hará parte de la declaración de inconstitucionalidad de la Ley nacional de glaciares se hizo ayer a la salida de una reunión de aproximadamente 40 minutos que mantuvo el gobernador José Luis Gioja, en uno de los salones de la Casa de Gobierno, con una treintena de dirigentes de todas las cámaras empresarias y entidades gremiales que tienen relación con la minería -Casemi, Cámara Minera, AOMA- la construcción y la CGT.
Gioja no habló, pero su asesor legal De Sanctis explicó los pasos que dará la provincia, y que no fueron sorpresa para nadie: Desde los tiempos en que se discutió la ley de glaciares en el Senado y los gobernadores de provincias andinas y/o mineras acudieron a explicar los puntos conflictivos de la ley que los ambientalistas y antimineros impulsaron sancionar, Gioja anticipó que, de aprobarse el texto tal como venía, el tema se iba a judicializar.
No es todo. Entidades y gobierno -que han cerrado filas en defensa de la minería sustentable que se realiza en San Juan- van a salir a buscar adhesiones a las otras provincias mineras con la intención de que se multipliquen los amparos. Hoy, un enviado de la CGT local irá a La Rioja y mañana a Catamarca para hablar del tema con los representantes de AOMA y de CGT de esas jurisdicciones, según dijeron ayer los titulares de las Cámara Minera, Jaime Bergé y de la CGT, Eduardo Cabello. El gobernador Gioja también mantuvo conversaciones telefónicas con los pares de esas provincias.
