�El vocal de la Corte Suprema de Tucumán, Daniel Posse, dijo ayer que el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de esa provincia ‘era arbitrario y carecía de elementos probatorios‘ y explicó que para ser anulado el acto electivo ‘tiene que haber un 50 por ciento de las urnas invalidadas y en las que haya sido modificada efectivamente la voluntad popular‘. Según dijo el letrado en declaraciones radiales, el fallo, ahora desestimado por el máximo tribunal, ‘no abordaba cuestiones fácticas, ni jurídicas‘, por lo que la Corte consideró que ‘las 50 urnas en las que efectivamente ocurrieron hechos complejos‘, a los que denominó ‘delitos electorales‘, fueron ‘episodios aislados que no justificaban anular una elección de más de un millón de tucumanos‘. Aclaró que en el fallo que lleva su firma se ‘reconocen las irregularidades denunciadas‘
