El celular del ex presidente de la Nación Alberto Fernández será abierto este martes por la justicia. Es para que se obtengan “todas las conversaciones mantenidas” entre él y su ex pareja y ex primera dama, Fabiola Yañez. La medida fue ordenada por el juez federal Julián Ercolini en la causa por violencia de género, en la que la semana pasada la Cámara Federal confirmó el procesamiento del ex jefe de Estado y así quedó en condiciones de ser enviado a juicio oral y público.

Fuentes judiciales informaron  que el magistrado ordenó el peritaje sobre el celular y una tablet -que fueron secuestrados el año pasado en el departamento de Puerto Madero en el que vive Fernández- y que se llevará a cabo hoy. Los aparatos tecnológicos están en una caja fuerte de la Fiscalía Federal de Ramiro González, quien investiga la causa. De allí serán retirados a primera hora de la mañana por los peritos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) -un organismo de la Procuración General de la Nación- que harán el trabajo junto con los especialistas designados por las partes.

En su resolución, Ercolini destacó que el contenido del celular y de la tablet “resulta ser estrictamente confidencial” por lo que “la tarea encomendada deberá ser efectuada y manipulada por la menor cantidad de personas posible”. Además, el magistrado ordenó que todo el procedimiento sea filmado.

Los aparatos tecnológicos del ex presidente fueron secuestrados el 9 de agosto del año pasado de su departamento del complejo River View, en Puerto Madero. Fue por orden del juez Ercolini a pedido del fiscal Carlos Rívolo -entonces en la causa- porque Yañez había declarado que el ex presidente se había comunicado con ella en violación a la orden judicial de prohibición de contacto que se le había impuesto al inicio de la investigación. Luego, la propia Yañez reconoció que la comunicación fue antes de que la medida entre en vigencia.

Del procedimiento, la Policía Federal se llevó 22 pendrives, dos teléfonos, un iPad y dos memorias. Todo eso desde entonces quedó en poder de la Fiscalía. La abogada del ex presidente, Silvina Carreira, pidió que todo le sea devuelto porque allí había información que podía ser útil para su defensa en la causa. El planteo fue rechazado.