“Un país serio no puede no tener un Presupuesto”, sostuvo el jueves pasado el gobernador de La Pampa, Sergio Zioliotto, al salir de una reunión que mantuvo en la Casa Rosada para avanzar en un acuerdo por la deuda que la Nación mantiene con su provincia.
El mandatario pampeano conversó durante un largo rato con el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, quien impulsó hace algunas semanas un plan para saldar con bienes y tierras estatales los pasivos que el Poder Ejecutivo tiene con los diferentes distritos del país.
Sin embargo, en ese encuentro no se conversó puntualmente del proyecto que el presidente Javier Milei presentó personalmente en el Congreso y que desde ese momento está siendo discutido en las comisiones de la Cámara de Diputados, que no logra acordar un dictamen.
Las autoridades nacionales se mantienen firmes en la idea de que el texto que vaya a votarse en el recinto -si es que llega a esa instancia- respete el principio de “déficit cero”, pero los gobernadores quieren que se incluyan una serie de partidas para sus provincias.
Entre los puntos principales que reclaman los mandatarios provinciales está la coparticipación de los excedentes en el Tesoro Nacional y de lo recaudado por algunos impuestos, además del pago de la deuda por las cajas previsionales, un conflicto que data desde hace más de dos décadas.
El proyecto quedó trabado en el recinto porque la Casa Rosada les exige a los gobernadores que, a través de sus diputados, precisen qué áreas se van a ver afectadas para poder hacer frente a esos gastos que no estaban previstos en la iniciativa original.
Sin embargo, la otra parte, principalmente aquellos que responden a lo que era Juntos por el Cambio, insiste en que debe ser la Nación la que defina cómo financiar el pago de las deudas que, remarcan, la Justicia ya dijo que deben abonar.
“Es responsabilidad del Ejecutivo ver de dónde se sacan los recursos. Para qué son Gobierno si no definen las partidas presupuestarias que corresponden por ley. Nadie está pidiendo un centavo discrecional ni que vuelva el Fonid (fondo de incentivo docente), ni tampoco los subsidios al transporte urbano. Solo estamos pidiendo que cumplan la ley y los pactos preexistentes. Va a terminar todo judicializado”, señaló una fuente cercana a las negociaciones.
En este sentido, los representantes de las provincias indican que la compensación del Pacto Fiscal del 2017, otro de los puntos que solicitan, es una ley aprobada por el mismo Congreso, mientras que la cuestión de las 13 cajas previsionales no transferidas a la Anses ya cuenta con un fallo favorable.
Al respecto, los gobernadores aseguran que todo el conjunto de sus reclamos “de ninguna manera afecta el equilibrio fiscal”, ya que representan apenas el 0,2% del Producto Interno Bruto (PIB) y menos del 2% del presupuesto total previsto para el 2025.
“Bueno, si es solo un dos por ciento, que nos digan de dónde lo sacamos y nosotros lo hacemos. El asunto es sencillo, la cuenta, al final del día, tiene que seguir dando cero”, contestó a Infobae una fuente de Balcarce 50.
Por otra parte, las provincias del interior del país cuestionan que la Nación ya le está pagando a la ciudad de Buenos Aires la deuda que tenía en concepto de coparticipación que se le había quitado durante la gestión de Alberto Fernández, pero que no tienen la misma suerte el resto de las jurisdicciones.
El miércoles pasado, después de un zoom que los gobernadores de Juntos por el Cambio mantuvieron con los jefes de los bloques en Diputados de los partidos que integran la alianza (PRO, UCR y Coalición Cívica), le enviaron a la cúpula libertaria un pedido para reunirse y discutir el asunto en persona, pero no hubo respuesta.
En el oficialismo argumentan que no les preocupa si no se aprueba el proyecto, ya que podrían prorrogar por decreto el del 2023, que fue el último que se sancionó. Por su parte, la oposición sostiene que “eso sería un pésimo mensaje para los mercados”.
De hecho, algunos de los dirigentes del PRO involucrados en el tema consideran que es mentira que a Milei no le importe quedase sin Presupuesto, ya que eso también perjudicaría la posición del país ante los inversores internacionales y organismos de crédito y, por lo tanto, complicaría el plan económico y retrasaría la salida del cepo.
Lo cierto es que en Balcarce 50 ratifican su posición y advierten que, como está planteada la situación hasta el momento, no habría acuerdo con las provincias y, sin una garantía de que se vaya a aprobar, no se convocaría a sesiones extraordinarias y la iniciativa no sería tratada.