"Terminó una parte importante del calvario, pero falta recuperar lo más valioso, que es el contacto con mi hija". La frase pertenece a un hombre que había sido denunciado por su expareja de abusar sexualmente, justamente, de la hija de ambos. Tras esa acusación, se disparó una investigación que estuvo "armada" para perjudicarlo por parte del exfuncionario judicial Juan Pablo Ortega, quien fue condenado por esa maniobra. Pese al grave delito en el que incurrió un hombre que tenía peso en Tribunales, la causa no llegó a pasar el filtro de la Justicia, al punto de que fue archivada la semana pasada. Por eso, la satisfacción de quien resaltó que se dio "un paso importante", pero "ahora falta algo fundamental: que mi hija pueda recuperar a su papá". Según explicó, su expareja no le está permitiendo verla ni está cumpliendo con los encuentros de revinculación que se habían dispuesto judicialmente, por lo que le pidió a la Justicia de Familia que ordene medidas para garantizar el reencuentro paulatino con su hija.
La identidad de los protagonistas se preserva debido a que en el medio hay una menor de edad, aunque el caso cobró relevancia por la participación del exfuncionario judicial Ortega, quien fue castigado con una pena de 1 año de prisión en suspenso (ver La condena a…).
El hombre contó que "en un contexto de una separación conflictiva, en términos de pareja, la madre de la nena termina haciendo una denuncia totalmente infundada, descabellada y absurda. Sostuvo que yo había abusado de mi hija de cinco años, en una situación de aseo personal, como bañarla". Tras la acusación, a las 48 horas se le hizo la entrevista a la menor en Cámara Gesell, en la que contó que dos profesionales, tras las pericias, reflejaron que la "niña no tenía ningún indicador de haber sufrido ningún tipo de abuso sexual, que era una nena alegre, extrovertida y que no tenía ningún trauma. Que todo se dio en una situación normal, de cómo su papá la bañaba. Eso quedó claro desde el momento cero".
Sin embargo, según recordó el hombre y se reflejó en la causa, la madre de su expareja conocía a la de Ortega y ahí se dio el vínculo. Fue así que el entonces funcionario judicial contactó a la abogada Sandra Cozzi, quien actuó como querellante y a la que le armaba los escritos para tratar de sostener la acusación contra el papá de la nena. Incluso, buscaron a una perito de Buenos Aires que emitió un informe psicológico que perjudicaba al padre. Pese a las maniobras, el juez de Flagrancia, Eduardo Raed, dictó la falta de mérito y la expareja apeló.
La causa llegó a la Cámara de Apelaciones y ya había estallado el escándalo de Ortega, por lo que tres jueces de la Sala II anularon las actuaciones realizadas, salvo la denuncia, el informe médico y el de Cámara Gesell, además de disponer la intervención de un nuevo magistrado. Fue así que el juez Ricardo Grossi Graffigna dispuso el archivo de la causa, luego del desistimiento de Fiscalía, cuyos miembros, en instancias anteriores, marcaron la pauta del final del expediente.
Pero la pelea no quedó ahí. El hombre contó que "el proceso de revinculación con mi hija lo ordenó el juez (Jorge) Toro, con la asesoría oficial de Patricia Sirera. Pero la madre no cumple. Y lo que está sucediendo es que la única versión que está escuchando mi hija es la de la mamá. Entonces, eso está generando un rechazo hacia mi persona. La nena está totalmente manipulada. Es una chiquita de ocho años, que hace tres que prácticamente no tiene contacto conmigo ni con mi familia".
Por eso, destacó que "con mis abogados planteamos que la Justicia debe imponer medidas coactivas a la madre. Hay muchas herramientas que hagan que las decisiones judiciales se cumplan. Porque si no se cumplen, no hay Justicia".
Otro expediente
Juan Pablo Ortega también estuvo en la mira por haber tratado de cambiar la versión de la denunciante de otro funcionario judicial: Mario Parisí. Sin embargo, Ortega y el médico Jorge Gil fueron sobreseídos por el beneficio de la excusa absolutoria, la que permite que los amigos de un imputado no sean investigados en un delito como el encubrimiento.
> La condena a un exfuncionario de peso
El exfuncionario judicial Juan Pablo Ortega (al centro en la foto) fue condenado, en noviembre de 2022, a un año de prisión en suspenso y a la inhabilitación por dos años para ejercer cargos públicos tras aceptar la culpabilidad de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Durante un juicio abreviado, que estuvo a cargo del juez Andrés Abelín, el fiscal Francisco Micheltorena, de la UFI Delitos Especiales, apuntó contra Ortega por "armar" causas para incriminar o desvincular a personas que eran denunciadas por delitos sexuales cuando se desempeñaba en el cuerpo de asesoramiento jurídico al Colegio de Jueces. Tras la acusación, renunció a su trabajo el 26 de agosto de 2022.
El exfuncionario judicial también había sido imputado por delitos de mayor relevancia, como ser cabeza de una asociación ilícita, tráfico de influencias y ejercicio ilegítimo de la profesión. Aunque, terminada la investigación, no hubo pruebas que lo incriminaran en tales delitos.
En la mira de la Justicia habían quedado la esposa de Ortega, Belén Rodríguez, y su amiga, la empleada Claudia Elizondo, pero el exfuncionario dijo en una nota que no conocían el contacto que él tenía con la abogada Sandra Cozzi. Según fuentes judiciales, Rodríguez y Elizondo fueron sobreseídas.