El megajuicio de expropiaciones, que tiene en la mira a exjueces, abogados y ex funcionarios públicos por haber inflado los valores de los terrenos adquiridos por el Estado, ya tiene el equipo de acusadores. Se trata del flamante Fiscal de Cámara Daniel Galvani, quien estará acompañado por el fiscal de Flagrancia, Iván Grassi. El titular del Ministerio Público, Eduardo Quattropani, confirmó la conformación de la dupla. Es el mismo equipo que, en la etapa de instrucción, le solicitó al juez Benedicto Correa, del Quinto Juzgado de Instrucción, la elevación a juicio del cuarto procesamiento.
El debate de la megacausa está previsto que arranque en esta segunda mitad del año, tal cual lo había solicitado Fiscalía de Estado, a cargo de Jorge Alvo, que actúa como querellante. Incluso, fuentes calificadas indicaron que el juez Correa tiene previsto elevar a juicio el último procesamiento tras la finalización de la feria judicial o, a más tardar, los primeros días del mes que viene. Ese expediente se acumulará a los tres primeros, por lo que el juicio estará listo para su inicio.
Por su parte, el tribunal de juicio estará presidido por la jueza Silvina Rosso de Balanza, también designada recientemente en ese cargo por la Cámara de Diputados. Hasta el momento, no está confirmado quiénes la acompañarán. Los otros dos miembros saldrán de un sorteo de un grupo conformado por el juez de Instrucción Martín Heredia y los magistrados Correccionales Matías Parrón y Carolina Parra. La necesidad de convocar a otros magistrados para que integren el tribunal se debe a una serie de inhibiciones e intervenciones de los otros camaristas en distintas instancias de dicho expediente.
Galvani fue designado Fiscal de Cámara a principio de mes por la Cámara de Diputados. Participó en la causa en el último tramo, con la asistencia de Grassi.
El cuarto procesamiento contempla al ex fiscal de Estado, Mario Díaz; cinco experitos del Tribunal de Tasaciones y un exempleado de Recursos Energéticos. A ellos se les suma ocho implicados de los otros expedientes, entre los que figura el abogado Santiago Graffigna, apuntado como el líder de la red delictiva, y los exjueces Carlos Macchi y Rosalba Marún. También se encuentran los peritos que trabajaron para Graffigna y una experito del Estado. Por las maniobras, el Estado pagó 42 millones de pesos de más en juicios.