Buenos Aires, 26 de marzo.-El Senado aprobó y convirtió hoy
en ley el adelanto de las elecciones parlamentarias al 28 de junio,
luego que el oficialismo consiguió el apoyo de 42 legisladores,
que superó con holgura el mínimo de 37 que exigía la ley para
modificar una legislación electoral.
Los votos positivos al gobierno nacional estuvieron integrados
por adherentes propios de la bancada kirchnerista, incluídos el
catamarqueño Ramón Saadi, dos fueguinos y el neuquino Horacio
Lores.
Sufragaron en contra 26 legisladores, integrados por los
miembros del bloque radical y sus aliados, los justicialistas
disidentes y los integrantes de partidos provinciales y estuvieron ausentes cuatro senadores.
El punto central de la propuesta enviada por el Poder
Ejecutivo fue la suspensión de un artículo del Código Electoral, que había sido aprobado en 2004 a pedido del gobierno del entonces presidente Néstor Kirchner y fijaba la fecha de las elecciones en el cuarto domingo de octubre, y su reemplazo "por única vez" por la fecha del 28 de junio.
La sesión, que se inició a las 11, tuvo un pico de tensión
cuando el radical Gerardo Morales buscó introducir dos nuevos temas en la sesión, como la interpelación al ministro de Justicia, Aníbal Fernández, para que explique la política de seguridad, y también insertó un proyecto de combate contra el dengue que afecta las provincias del norte, para que "el congreso le dicte una política al gobierno".
La intervención del radical fue interrumpida por insistentes
críticas del oficialismo, que encabezó el titular de la bancada,
Miguel Pichetto, quien reclamó reiteradamente que había terminado su horario de exposición.
Eric Calcagno respondió que el pensamiento de Morales tenía
"un patrón de pensamiento reaccionario, porque cree que toda medida que propone es mala o inoportuna, y si no tendrá efecto perverso".
Morales señaló que con la propuesta oficial "se ha roto una
regla de juego, agrega factores de conflicto y no contribuye a un
mejor clima político", tras lo cual criticó la calificación de la
presidenta, Cristina Fernández, respecto de que las elecciones puede ser "un escollo" para resolver los problemas de la crisis y dijo que la expresión revela "un costado autoritario" del pensamiento del gobierno.
Pichetto, en tanto, dijo que el gobierno definió la fecha para
contrarrestar "el escenario electoral preparado por la oposición,
que se iniciaba con Catamarca, con un segundo paso, a cargo del
jefe de la ciudad y seguirá con el gobernador socialista de Santa
Fe que convocó a tres comicios".
El rionegrino sostuvo que "el gobierno pone en el centro de la
atención la elección nacional, que no es técnicamente un
plebiscito, pero siempre una elección intermedia es una evaluación de la gestión: vamos a defender todo lo positivo que se hizo en la
Argentina en estos seis años se ha profundizaron cambios estructurales".
Expresó que "hay un nivel de agresividad extraordinaria y
sistemática contra la Presidenta" y opinó que la oposición "busca
obstruir la acción del gobierno y su fracaso, para poder regresa al
poder", tras lo cual aludió sin nombrar a Elisa Carrió, de quien
dijo que no se presentará a las elecciones porque "no le da el
cuero".
A su turno, el líder del bloque radical, Ernesto Sanz, dijo
que la crisis argentina comenzó mucho antes que la quiebra de las
primeras empresas de Estados Unidos y dijo que la principal "crisis
de confianza tiene que ver con quien conduce el país".
Dijo que el gobierno, que tuvo legitimidad de origen ha
perdido la legitimidad de ejercicio" desde la gestión, pese a que "el
gobierno que obtuvo mayor concentración poder" de la historia
democrática.
Manifestó que ante esa concentración oficial, la oposición "no
tiene capacidad de bloqueo", como ejerció el justicialismo en el
gobierno en la época de Raúl Alfonsín y opinó que las próximas
elecciones "serán un plebiscito", en el que el gobierno "deberá sacar más del 50 por ciento de los votos, que es como se mide, acá y en la China, si se tiene el apoyo de la ciudadanía".
El socialista Rubén Giustiniani dijo que "desde el punto de
vista económico y social, el remedio que se propone con el
adelantamiento de las elecciones es peor que la enfermedad" y calificó la medida de "errónea desde le punto de vista del interés nacional" porque "está diseñada para conveniencia del oficialismo y no toma debida cuenta de las urgencias que reclama el país", por lo que concluyó que "es un paso no positivo".
La titular del bloque de la Coalición Cívica, María Eugenia
Estenssoro, afirmó que "el gobierno quiere adelantar las elecciones, porque sabe que día a día se debilita la legitimidad política ante la sociedad, insatisfecha por su estilo de gobierno" y dijo que los comicios "marcarán un cambio político en la Argentina y va profundizar el alejamiento de la sociedad del gobierno".
A su vez, el justicialista de San Luis Adolfo Rodríguez Saá
denunció que "hay 28 proyectos de reforma política con estado
parlamentario que jamás fue tratado y me atrevo a decir que nunca serán cambiados porque no hay voluntad política del gobierno: Cada elección que pasa, es cada vez más sospechosa de maniobras políticas".
A su vez, el cordobés oficialista Roberto Urquía afirmó que
apoyaba la propuesta oficialista, porque "se trata de una medida de excepción" pero inmediatamente agregó: "exhorto al gobierno
nacional y todos los sectores políticos y sociales a conformar una mesa nacional de diálogo" para "enfrentar el reclamo de la gente para que resolvamos los graves problemas que la afectan".
Por su parte, el salteño disidente Juan Carlos Romero dijo que
no veía "qué tiene que ver la crisis con el cambio de la fecha
electoral" y sostuvo que "no es problema adelantar las fechas, sino que lo dañino es el cambio de las reglas de juego" e insistió en que "la argentina está a punto de cambiar política".