De 200 a 600 pesos es lo que pagará el Estado a aquellas personas que, sin obligación de justificar la procedencia, entreguen voluntariamente un arma de fuego, según su tipo y su calibre. El incentivo económico para que la gente se desarme surge del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, cuyo convenio se firmó ayer en Casa de Gobierno entre José Luis Gioja, el ministro de Gobierno, Emilio Fernández; y el director del Registro Nacional de Armas, Adrián Meiszner.
Se trata de la segunda etapa del plan que tuvo su primera implementación en San Juan en octubre de 2007, en el que se recolectaron 610 armas de fuego durante una semana. A nivel nacional, en esta primera etapa, se reunieron unas 107.761 armas y 774.679 municiones, según los datos que revelaron las autoridades. El objetivo principal es bajar los niveles de uso y proliferación de las armas y reducir los accidentes y los hechos de violencia.
La gente podrá acercarse, desde el próximo lunes, de 9 a 15, a la sede de la dirección de Defensa Civil, ubicada en Santa Fe al 56 Oeste, en Capital, y dejar revólveres, pistolas, escopetas, carabinas, fusiles, pistolones y todo tipo de munición. Habrá un puesto fijo en el que estarán los responsables del Renar quienes permanecerán durante dos semanas.
La entrega de las armas es anónima por lo que el portador no necesita llevar su DNI y no deberá presentarlo al momento de cobrar el dinero en el que se le entregará un cheque al portador a cobrar en el Banco Nación. El incentivo económico tiene su base en una partida específica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. El programa, además, contempla que toda persona, con o sin la credencial de legítimo usuario, puede dejar su arma, la tenga registrada o no, según establece la ley 26.216 que regula el plan de desarme. Es decir, que no acarrea ninguna consecuencia legal para aquellos que no tengan ni la habilitación para la tenencia y la portación del arma de fuego.
En la firma del convenio y en la exposición de datos estadísticos estuvo Adrián Marcenac, el padre de Alfredo Marcenac, el joven de 18 años que murió a balazos el 6 de junio de 2006 por Martín Ríos, conocido como ‘el tirador de Belgrano‘. Marcenac es el presidente de una asociación civil que trabaja conjuntamente con el programa de desarme y resaltó que de 59.339 muertes vinculadas al uso de armas de fuego en el país, en el período entre 1990 y 2008, el 75 por ciento de los fallecimientos tienen que ver con discusiones de género, peleas, accidentes y suicidios.
Por otro lado, el director del Renar anunció que para la primera quincena de noviembre se abrirá una delegación local de la repartición lo que permitirá realizar los trámites habituales de manera más ágil e, inclusive, se podrá llevar a cabo la entrega de armas de manera permanente.