Como consecuencia de la decisión de la Cámara de Casación Penal, que revocó las excarcelaciones concedidas a ex militares acusados de haber cometido delitos de lesa humanidad en San Juan, 8 ex miembros de las Fuerzas Armadas quedaron a disposición de la Justicia Federal, la mitad con detención domiciliaria y otros serán alojados en el Instituto Penal de Chimbas, según confirmaron ayer fuentes de la Justicia Federal de San Juan.
Los acusados están procesados como responsables de delitos ocurridos en la provincia entre 1976 y 1977, durante la última dictadura militar, como torturas y tormentos seguidos de muerte.
Entre las causas figuran la de tormentos a figuras políticas y gremiales como el gobernador José Luis Gioja y a su hermano, el senador César Gioja, a Margarita Camus, la nieta del ex gobernador Eloy Camus, la desaparición de la modelo de origen francés María Ana Erize y la llamada causa Bustos, un ex militante de la JP.
Los ex militares habían sido procesados por el juez federal Leopoldo Rago Gallo, que les negó la excarcelación, pero después la Cámara de Apelaciones de Mendoza dispuso dejar en libertad a casi todos los acusados. El único que continuó preso en Campo de Mayo, en Buenos Aires, fue Jorge Antonio Olivera, considerado el cabecilla de represión en San Juan.
Pero la situación de los imputados varió ahora con la decisión de la Cámara de Casación Penal.
Los detenidos con prisión domiciliaria son Horacio Nieto, Alejandro Lazo, Luciano Benjamín Menéndez y Alejo Andrés Medina, este último con el planteo en trámite.
Al haberse profundizado las investigaciones también se han producido nuevas detenciones, como la de Juan Carlos Alaniz, un ex suboficial del RIM 22 entre los años ‘75 y ‘76; Daniel Rolando Gómez, un ex oficial del RIM 22; Juan Carlos Méndez Casariego, detenido en Córdoba y en trámite para ser trasladado a San Juan y Osvaldo Martel, un ex militar que se desempeñó en el RIM 22.
Las nuevas detenciones, como las de Alaniz, que ayer comenzó a ser indagado, y la de Méndez Casariego tienen origen en el criterio sustentado en la causa de Bustos, que dejó sentado la existencia de grupos de tareas de ex oficiales y suboficiales del Ejército, que eran los responsables de la represión local.
Ese criterio fue confirmado por la Cámara de Apelaciones de Mendoza, ante lo cual el Ministerio Público Fiscal solicitó que se hiciera extensivo a todas las causas de delitos de lesa humanidad que se tramitan en la provincia. Por esta razón no se descarta que se produzcan nuevas detenciones.